El debate oral por la causa Feclir todavía parece lejano y según fuentes judiciales hay muchas dificultades para integrar el tribunal que lo presidirá. LM Cipolletti pudo confirmar en la mesa de entradas de la Cámara en lo Criminal Primera de la ciudad de General Roca que “todavía no se conformó el tribunal” y que se mantiene abierta la etapa “de producción de pruebas”.
De esta forma, con agendas tribunalicias muy cargadas, se especula que el proceso se desarrollaría recién en el 2016.
Inicialmente, había intenciones de que la denuncia impulsada en el 2002 por el cipoleño Agustín Argibay y el abogado Jorge Gómez llegue a juicio durante el presente año. Pero varios camaristas roquenses se excusaron y el Poder Judicial deberá apelar a subrogantes.
Lo que reveló la instrucción en su momento fue el pago de sobreprecios por parte del Ipross a droguerías, con porcentajes superiores al 10.000 por ciento. Las estimaciones realizadas por los peritos indicaron que el perjuicio al Estado rionegrino habría superado el millón de dólares. Por este motivo, el juez interviniente avanzó con el procesamiento de médicos que estaban al frente de la Feclir y funcionarios del área de Salud de la provincia. En distintas etapas, se confirmó lo actuado en primera instancia y quedó firme esa decisión.
Procesados
Los procesados por el hecho de corrupción son los médicos roquenses Roberto Bernardini y Héctor Tasat, quienes enfrentan una imputación por fraude en perjuicio de la administración pública. También iba a ser llevado a juicio el profesional cipoleño Carlos Gigena, quien murió años atrás.
Por otra parte, además de los integrantes de la Federación de Clínicas de Río Negro (Feclir), deberá sentarse en el banquillo de los acusados la ex titular del ministerio de Salud de la provincia, Adriana Gutiérrez, quien tiene el agravante de los cargos públicos que ocupó durante el gobierno de Miguel Saiz.
A la hora de hacer la denuncia ante la justicia, Argibay y Gómez apuntaron que la Feclir cumplía un extraño rol de intermediación en las compras, cuando la obra social estatal Ipross tenía la posibilidad de realizar una negociación directa con las droguerías para adquirir medicamentos oncológicos y prótesis.
Además de las personas procesadas, la causa penal tuvo otras derivaciones en los últimos años y por ejemplo, la fiscal roquense Ana Benito consideró que el ex responsable del Sindicato de Trabajadores Viales, Carlos Sansuerro, también debía ser imputado porque no cumplió su papel de contralor de las operaciones comerciales.
Investigación
Triangulaciones irregulares
La causa Feclir encierra muchos puntos oscuros y la fiscalía puso el ojo en los dueños de empresas “fantasmas”, que habrían intervenido en triangulaciones irregulares para la compra de medicamentos .