El 44% de los expedientes que se abren en los juzgados de Familia son por casos de violencia de género, con mujeres como víctimas en la inmensa mayoría de los casos. La problemática, según las estadísticas oficiales, es más grave en el Alto Valle que en el resto de la provincia, ya que la región se lleva más de la mitad de las presentaciones.
Sin hacer foco en ciudades o casos puntuales, el Poder Judicial mostró números globales del fuero de Familia según las presentaciones efectuadas entre enero y agosto. “Los indicadores de género son herramientas necesarias e indispensables en la planificación que permiten la visibilización de la problemática de la violencia, además de brindar insumos fundamentales para elaborar políticas públicas ajustadas a las necesidades de la población afectada”, informó el Superior Tribunal de Justicia.
LM Cipolletti confirmó que las denuncias en el marco de la ley de violencia familiar ya superan a las registradas en el 2014, cuando sumaron 427. A mitad de este año, ya se registraban 500 casos.
La mayoría de las víctimas son mujeres, de entre 18 y 50 años, con distinta condición socioeconómica que comparten ciertos patrones de conducta, como la baja autoestima, la negación y la minimización del problema.
Sus ex parejas motivan el 52% de las exposiciones, según el informe anual del 2014. Este año, a los operadores del sistema les sorprendió un dato que se repite en toda la provincia: las presentaciones crecen los lunes, por lo que se estima que los ataques ocurren con mayor frecuencia los fines de semana.
Esos datos derivaron en la aprobación de una ley –aún no se aplica– que garantiza la utilización de botones antipánico para las víctimas recurrentes de agresiones o amenazas.
Lo que sorprende a los operadores judiciales es el porcentaje global de los ataques contra familiares o mujeres en los primeros ocho meses del año. El contraste es notable: el 44% de las presentaciones son por la Ley 3040, el 15,4% de los expedientes son acuerdos homologados, luego vienen los divorcios con el 9%, y los reclamos por cuotas alimentarias con el 7,5%.
Los números dejan en evidencia una realidad que las víctimas y organismos sociales denuncian en la calle y que, salvo las adhesiones a movilizaciones nacionales como #NiUnaMenos, no provocan cambio alguno ni tienen respuestas desde el Estado.