A partir del sábado 1 de abril, entrará en vigencia una resolución de la AFIP que traerá aparejado un aumento de precios en productos tan esenciales como los alimentos, las bebidas y los artículos de limpieza y de higiene personal. Y es que en adelante los comercios involucrados se convertirán en agentes de percepción impositiva, tendrán que aplicar un 3 por ciento extra al IVA en vigencia y deberán rendir cuentas de sus operaciones ante el organismo recaudador en forma periódica.
Es de prever que el “impuestazo” no será lo único que altere el precio de los productos por la imposibilidad que enfrentan los comerciantes para absorber un costo que no tenían previsto. También agregarán lo suyo la logística administrativa y contable y el tiempo que insumirá implementar la operación.
Y es que la resolución 5329 de la AFIP, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 13 de febrero pasado, se está convirtiendo en un dolor de cabeza cada vez más complicado para el sector mercantil del país ante la inminencia de su puesta en marcha y por las consecuencias que generará.
A través del texto, se impulsa la creación del “Programa de Monitoreo Fiscal”, con el fin de controlar de manera sistémica, instantánea y permanente las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y responsables. Al mismo tiempo, se establece un “Régimen de Percepción del Impuesto al Valor Agregado” para los rubros incluidos en la iniciativa, consignándose la nueva alícuota del 3 por ciento “sobre el precio neto de la operación que resulte de la factura o documento equivalente”.
Ayer, el titular de la Cámara de Industria y Comercio, José Luis Bunter, manifestó que el requerimiento impositivo perjudicará, por sus alcances, a todos los responsables inscriptos de los rubros contemplados, con excepción de los que venden carne, frutas y hortalizas.
Los perjuicios cundirán por partida doble, puesto que, por una parte, les hará asumir otra obligación más a las ya imperantes, para la que no están capacitados, a la vez que no cuentan con el personal entrenado para ejecutarla ni tienen la logística y los medios necesarios para su concreción. Por otro lado, pondrán en riesgo sus ingresos, ya que la aplicación de la alícuota y los costos administrativos impactarán sobre los precios, con productos más caros que afectarán las ventas.
Bunter dijo que, en particular, se se verán castigados los pequeños locales, que hoy apenas pueden sostenerse cumpliendo con lo que se les exige. Indicó que se están haciendo gestiones en todos los niveles para que la AFIP postergue por al menos 60 días la aplicación de la iniciativa, dada su complejidad y por la necesidad de asesorar a los comerciantes y buscar excepciones.