Los titulares del gremio ATE denunciaron persecución judicial tras recibir tres nuevas notificaciones de una causa por “daño agravado” a tres militantes por los destrozos en la delegación cipoleña de Desarrollo Social.
Entre los imputados están los dirigentes locales Miguel Ángel Quiroga y Mauricio Vidal, denunciados por ingresar violentamente a la oficina pública tras una manifestación del sindicato. Pero también el coordinador del Programa Espacio Comunitario de Organización Social, Ariel Ríos Garcés, quien según el sindicato “ni siquiera participó de las actividades”.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, indicó: “Crece la persecución ideológica y sindical en la actual administración del Gobierno. Se acelera el proceso de judicialización de la protesta. Estamos frente a fiscales y jueces que intentan imputar a trabajadores sin que existan pruebas mínimas”.
El gremio enfrenta varias acusaciones por hechos violentos durante protestas contra el Estado, pero sostiene que existe una persecución por la celeridad de las causas y la acusación de dirigentes que no participaron de los reclamos.