Apoyo a juicios contra represores

El ministro de Gobierno, Diego Larreguy, ratificó que la provincia seguirá acompañando a las víctimas, testigos y querellantes de las causas penales iniciadas por los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.El compromiso fue anunciado en una reunión mantenida en Casa de Gobierno con integrantes de la Asociación Civil de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro, de la que participaron, además, la subsecretaria de Derechos Humanos, Gladis Cofré y el secretario ejecutivo del Comité Provincial de Adhesión al Programa Nacional Anti Impunidad, Oscar Meilán. Por la asociación civil participaron su presidenta, Cristina Cévoli, además de Cielo Tailmitte, Julia García, Vilma Rial, Eugenio Navarrete y Ana María García, todos integrantes de la comisión directiva.Larreguy confirmó que desde el Gobierno se acompañará con recursos y asesoramiento la tarea que desarrolla la Asociación Civil de Familiares.En la reunión se acordó además la incorporación de profesionales en la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Comité Anti Impunidad, con el objetivo de que se dediquen al asesoramiento y contención de víctimas, testigos y querellantes de los denominados juicios por la verdad.Estos juicios se vienen desarrollando en diferentes puntos del país y víctimas de la región habían comenzado el debate contra militares de Bahía Blanca. Sin embargo, fue suspendido porque organizaciones sociales recusaron a los jueces por sospechas de connivencia con los imputados.En la causa se deben juzgar conductas delictivas y violatorias de los Derechos Humanos cometidas por ex militares, policías y agentes penitenciarios en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército durante los años 1976 y 1977 y en la cual han sido citados a declarar familiares, testigos y víctimas que residen en Río Negro.“A través de la APDH de Bahía Blanca y los familiares de acá de Viedma acompañamos la recusación que en su momento hizo la fiscalía general”, dijo Meilán.Manifestó a la agencia APP que “esto nos produce una situación contradictoria, porque después de 35 años de esperar justicia, nos vemos obligados a actuar de esta manera porque no nos podemos arriesgar a participar de un juicio con este tipo de tribunal sospechado”.Dijo que la complicidad con los imputados se dio en la instrucción. \"Un caso emblemático fue la ‘fuga’ del Julián Corres, que estuvo en Viedma”.