La Fiscalía de Estado había defendido la postura del Ejecutivo, recurriendo la sentencia porque "colocaba a los agentes policiales en estado de pasividad".
La titular del Ministerio Público, por su parte, consideró que la evaluación del Ejecutivo es "desacertada" y sus argumentos "pretenden, sin éxito, direccionar el debate a la actuación policial una vez realizada la detención sin la orden pertinente, sobre un sector de la población juvenil con acentuada marginalidad social".
Baquero Lazcano aseguró que "las demoras de los niños no deben ser justificadas por condiciones fácticas, a las que añado, cuestiones de clase social o apariencia física". Y consideró que "el error conceptual en el que incurren tanto la Policía como la Fiscalía de Estado es confundir reiteradamente lo que es la tarea de prevención y de seguridad con lo que es protección de menores".
Con el aval de la procuradora, el límite al accionar policial contra menores quedó a un paso de quedar firme.
Las detenciones de menores generan fuerte polémica en la provincia ya que varias veces terminaron con menores desarmados como víctimas de balazos policiales. "Los preceptos que le permiten al personal policial actuar en casos en que un menor sea sorprendido perpetrando un ilícito no pueden llevar a una interpretación que derive en que el joven sea perseguido y hasta privado de su libertad", concluyó la procuradora.
