Allanan cooperativa de viviendas por presuntas estafas

Se trata de Nueva Esperanza, entidad denunciada por un grupo de vecinos que aseguran que pagaron por sus terrenos hace ocho años y nunca les entregaron los boletos de compraventa.
Allanaron ayer las oficinas de la cooperativa de viviendas Nueva Esperanza, en el marco de la denuncia presentada por un grupo de socios por presuntas estafas.
El conflicto con esta organización es de larga data. Un grupo de vecinos pagó en el 2007 por sus terrenos en el Distrito Vecinal Noreste y en El 30, pero nunca se los entregaron, truncando de esta manera el sueño de la casa propia, por lo que tanto lucharon. Luego de reiterados reclamos, resolvieron encausar todo por la vía judicial.
Una de las socias de la cooperativa, Carmen Zerega, expresó su fastidio por esta situación: “Nosotros no queremos que nos regalen nada, sólo lo que nos corresponde. Pagamos hace 8 años por nuestros terrenos y no los tenemos. Hasta tuve que sacar un crédito para pagar los planos y un montón de cosas que nos pidieron, es una vergüenza”.
Todos los cañones apuntan contra William Fritz, el presidente de la entidad, y su hijo Mauricio, a quien dejó a cargo.
Pero el malestar de los socios va más allá. “También hacemos responsable de esto al Municipio, al área de Planeamiento, porque ellos no son ajenos a esta situación y son tan culpables como los Ortiz”, señaló.
Además de las estafas reiteradas de las que fueron víctimas, los vecinos reclaman que alguien se haga cargo de la cooperativa, ya que aseguran que desde abril del año pasado que se encuentra acéfala.
Los damnificados no pueden ubicar a los Fritz y dicen no contar con un sustento sobre la propiedad de los terrenos. Es más, supieron que en los últimos meses se han iniciado nuevas carpetas, es decir, que siguen cayendo personas en una telaraña que califican de “mafiosa”, comprando lotes que en principio ya tienen dueños.  Hay incluso varios socios que aseguran haber pagado por la misma parcela.
La falta de balances de tres años es otra de las graves irregularidades detectadas que, entre otras, está investigando la Justicia. Así fue que ayer, junto a personal de la Policía de Río Negro, realizaron un allanamiento en las oficinas ubicadas en calle Don Bosco 996, donde recolectaron información que esperan sea provechosa para la investigación.
En total son más de 300 los socios que pagaron por un terreno. Pero según supieron después, la gestión con el IPPV nunca avanzó.