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Al final, el Municipio expropiará las tierras del Barrio Obrero B

No hubo acuerdo con su propietario. El Municipio inició el camino legal para pagarle 2.437.635 pesos, lo que considera que es una indemnización justa.

Luego de varios intentos, la posibilidad de un acuerdo con el propietario de las tierras del Barrio Obrero B fracasó, por lo que el Municipio decidió iniciar el proceso de expropiación por la vía judicial, del mismo modo que lo hizo con el Obrero A. Desde el Ejecutivo local dijeron que las negociaciones con la familia Apablaza fueron "infructuosas".

Se informó que durante siete meses el gobierno municipal mantuvo varios encuentros presenciales, inclusive a través de una plataforma digital para tratar de llegar a un entendimiento, pero no hubo caso. .

"Pese a la buena predisposición al diálogo y a las diferentes propuestas que se fueron presentando desde el municipio, no fue posible alcanzar un acuerdo. La intransigencia de la familia y de su representante legal llevaron la gestión a un callejón sin salida", expresaron desde el gobierno municipal, a través de un comunicado oficial.

El Ejecutivo local cree que "las pretensiones económicas de la familia Apablaza son excesivas", por lo que dará inicio al proceso expropietario y a consignar judicialmente lo que considera "una indemnización justa e integral".

De acuerdo a lo normado en la Ley Provincial de Expropiación, corresponde abonar el valor fiscal fijado por la Agencia de Recaudación Tributaria. Esto significa un monto de 2.437.635 pesos.

Se aclaró que no se toma el valor "mejoras" ya que estas no existían antes de la toma.

El gobierno municipal entiende que llegado a este punto, con el grado de consolidación del asentamiento y el tiempo transcurrido, resulta imprescindible que el Estado Municipal adquiera el terreno. El objetivo es constituir un loteo social, realizar las obras de infraestructura y luego vender esos lotes a sus ocupantes a precios accesibles y en cuotas.

Recordemos que para expropiar el Barrio Obrero A tampoco hubo acuerdo con el propietario Carlos Romero. El depósito ascendía a la suma de 3.860.000 pesos, más el 30 por ciento de ese valor fiscal. Esto es, en total, alrededor de 5 millones de pesos. Pero el propietario aseguró, en su momento, que iría a juicio contra la Muni para presentarle una demanda de 650 mil dólares.