La legisladora Daniela Agostino, de Cambiemos, fue la única mano que se alzó contra la prohibición de la instalación de centrales nucleares en Río Negro. La parlamentaria defendió su voto y aseguró que “en virtud de la posibilidad de la puesta en marcha de la planta nuclear, con una inversión superior a los u$s 8000 millones, se debería haber convocado a una consulta popular vinculante para que sea la ciudadanía, luego de discutir y de evaluar las distintas opiniones, quien definiera qué hacer”.
Agostino cuestionó el proyecto oficialista por ser contradictorio, ya que “en un artículo prohíbe el uso de energía nuclear y en otro exceptúa a las centrales de menor escala, pero que también utilizan energía nuclear”. Y calificó de irresponsable la actitud del oficialismo, ya que no dieron posibilidad de discutir a fondo el tema tampoco en el ámbito legislativo. “El proyecto ingresó el martes, fue tratado en una reunión de comisión el miércoles y en el recinto. Se podría haber discutido a fondo, la provincia cuenta con recursos humanos muy calificados, una comunidad científica y tecnológica reconocida internacionalmente como Invap, el Centro Atómico e Instituto Balseiro, a los que no se convocó, como tampoco se hizo con las organizaciones ambientalistas”, describió.
La referente de Cambiemos en la Legislatura, como Nación, aseguró que la decisión del Gobierno rionegrino es “electoral”.
En Sierra Grande tenía apoyo
En Sierra Grande había interés manifiesto en ser la sede de la central de energía nuclear. El intendente Nelson Iribarren había recurrido a Nación tras el anuncio del Gobierno de negarse a la instalación de la usina y aseguró que “más de 70 por ciento de la comunidad piensa en positivo” sobre el proyecto. Iribarren, como ahora la legisladora Daniela Agostino, proponía una consulta popular para definir si el proyecto nacional continuaba adelante o se rechazaba.