Ahora, la jueza Sonia Martín debe resolver si los procesa o no por el brutal crimen de Hernández, ocurrido el miércoles.
Los sospechosos de haber matado a Franco Hernández declararon ayer ante la jueza Sonia Martín y aseguraron que quien habría ultimado a la víctima fue el menor de edad, quien es inimputable.
Con esta versión, la funcionaria deberá resolver en los próximos diez días la situación de ambos acusados. En el caso que concluyera que el joven fue asesinado por el adolescente de 15 años, el proceso judicial para juzgarlo sería atípico. Ante hechos similares, se realizaron declaraciones de responsabilidad y la imposición de pena se realizaría cuando cumpla la mayoría de edad.
La madre de Hernández, Sandra Gatica, anticipándose a esta situación, exigió que los culpables de matar a su hijo queden presos.
Para determinar quién fue el autor del crimen se deberán esperar las pericias de las prendas de vestir y de los cuchillos que fueron secuestrados. La Policía realizó allanamientos y en total se hallaron cuatro armas blancas. Se estimaba que con una de ellas se perpetró el mortal ataque.
Mientras la jueza define la situación de los hermanos, continuarán alojados en la Subcomisaría 79, el mayor, de 19 años, y en un hogar de General Roca, el menor. Ambos eran conocidos en el ambiente delictivo.
Los sospechosos habían asaltado seis veces al joven quien, cansado de los hechos, en esta última oportunidad salió a perseguirlos en su moto. A unas dos cuadras de su casa logró alcanzarlos. Se bajó de su rodado y los enfrentó. Fue en la esquina de Valcheta y Río Negro. Pero nunca contó con que los delincuentes estuvieran armados. Tras forcejear, uno sacó un cuchillo y lo apuñaló en el corazón. El joven murió unos 20 minutos después de haber ingresado al Hospital Pedro Moguillansky.
Hernández era repartidor de una heladería de la ciudad. Estaba en pareja y hacía un año que había sido padre por primera vez. El comercio en el que trabajaba permanece cerrado por duelo.
Sus familiares aseguran que era un chico responsable y que no estaba involucrado en “cosas raras”. El abuelo de la mujer del joven aseguró que “se conocían porque se criaron juntos en el barrio. No tenía ninguna rivalidad pese a que estos chicos –por los sospechosos- vivían robándole”, comentó el hombre.
Investigación
La Policía logró dar con los delincuentes una media hora después de ocurrido el crimen. Caminaba de manera sospechosa por el barrio y fue así que, además de dar con las características que habían aportado algunos testigos.
Un testigo clave aseguró ver que mientras huían guardaban en el bolso una “tumbera”. Se presumía que dentro estaría el cuchillo y que durante la huida se deshicieron de la mochila. Todo indicaría que un amigo o conocido la recogió y la escondió. Varios elementos fueron incautados en un allanamiento y son analizados por los peritos de Criminalística y se espera que en los próximos días estén los resultados, que determinarán si la versión dada por los sospechosos es coincidente con las pruebas recolectadas.
Opinión
"No podemos resignarnos a la muerte de inocentes"
Por: Oscar Nivella (*)
Cuando tomé conocimiento de la muerte de Franco Hernández, no pude dejar de pensar que era la crónica de una muerte anunciada, como se titula la obra de Gabriel García Márquez. Por supuesto que la causa del deceso en el libro, una rara historia de amor, en nada se compara con la de este cipoleño, que fue otra víctima de la inseguridad que azota nuestra ciudad.
Es la crónica de una muerte anunciada porque también en Cipolletti todos sabíamos que en cualquier momento iba a morir otra persona a manos de los delincuentes. Lo que no sabíamos, era quién sería. Al igual que la novela de García Márquez la autoridad conocía que iba a morir alguien y no hizo nada para evitarlo.
El derecho a la vida, es "el primero y más importante de todos los derechos" que tenemos los seres humanos. La vida es el bien más valioso de las personas. Por ello es incluso anterior a la organización de los Estados, porque hacen a la esencia y naturaleza del ser humano.
El derecho a la vida implica no sólo la obligación de no privarla a nadie, sino también la obligación del Estado de tomar las medidas necesarias para asegurar que no sea violado.
Morir en manos de un delincuente es uno de los actos más injustos que existen. Lamentablemente, los cipoleños desde hace décadas hemos sido testigos de la pérdida injusta de muchas vidas. Pareciera que nos estamos acostumbrando a esta macabra realidad. Hace un tiempo le tocó a un vecino del centro, luego a los de distintos barrios, a Claudio Araya, y hace cuatro días a este joven del Anai Mapu.
No podemos resignarnos a dejar pasar la muerte de inocentes como si fuera uno de los tantos delitos reprimidos en nuestro Código Penal. Para la sociedad no es lo mismo un robo, una estafa, que un homicidio. El asesinato es el delito más grave porque la muerte de una persona es un hecho irremediable, no hay nada que permita contrarrestarlo, ni aún la más grave sanción al autor. Ahora, luego de producida la muerte, no hay solución a la pérdida de un joven de 21 años, trabajador y padre de un bebé de meses.
Como sociedad tenemos la obligación de impedir que estos actos aberrantes sigan sucediendo, y seguir exigiendo a las autoridades medidas adecuadas para terminar con la inseguridad.
Es fundamental trabajar en la “prevención”, para que esto no siga repitiéndose en nuestra vida diaria. Existen muchas herramientas para utilizar en la solución de este flagelo.
En nuestra ciudad existen barrios que están dominados por el delito. Con los años, la delincuencia ha cambiado su actitud. Así, pasó del bajo perfil, a uno violento, intrusivo y desafiante. Es más, hoy no existe límite a sus abusos sobre la población. En esos lugares más conflictivos es donde las autoridades provinciales y municipales deben intervenir para poner un alto a la ola de violencia. Tienen la “obligación” de diseñar medidas de contención proporcionales a la gravedad del problema. Y los vecinos tenemos derecho a controlar que las medidas de contención sean las apropiadas, ya que en definitiva es nuestra vida la que está en constante riesgo.
Los gobiernos existen para dar soluciones a los problemas de la gente. Necesitamos que nuestro gobierno actúe con decisión ante el delito. No se puede dejar la ciudad en manos de la delincuencia. Hemos perdido un tiempo muy valioso que permitió la expansión y el fortalecimiento de los criminales. Si no intervenimos, seguirán muriendo inocentes.
Una posible solución sería implementar un comité de crisis, conformado por técnicos y personas que sepan y manejen la problemática, tanto del gobierno municipal y provincial como de los vecinos de distintos barrios de la ciudad. Como vecino y abogado estoy dispuesto a ayudar gratuitamente en mi tiempo libre, en esta tarea de diseñar las medidas de contención. Estoy seguro de que también otros vecinos se sumarán a esta lucha contra la inseguridad. Todos los ciudadanos, vivamos en el barrio que vivamos, tenemos derecho a vivir en paz.
La inseguridad es un problema de todos. Llegó el momento de unirnos y enfrentar el único enemigo en común, que es el delito. Debemos exigir la presencia de las instituciones democráticas con soluciones para una seguridad integral, en toda la ciudad.
* Abogado. Presidente
de la Comisión de Vecinos
Autoconvocados.