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Acusado por vender droga quería recuperar un auto y una moto

El imputado por presunta venta de droga reclamó que le devuelvan bienes y la Justicia lo rechazó. Si es condenado, la provincia podría utilizar los vehículos.

A pesar de que en muchos casos enfrentan graves acusaciones, los narcos de la región no dudan en recurrir a sus abogados particulares para que intenten recuperar los elementos secuestrados durante los allanamientos con presentaciones ante la Justicia. Uno de los últimos reclamos llamativos ingresó en la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, donde los jueces se vieron obligados a analizar la solicitud de un hombre de Neuquén que es investigado por una infracción a la ley de drogas.

De acuerdo a fuentes judiciales, la fiscalía mostró una total oposición a las pretensiones del hombre bajo investigación porque hay sospechas de que tanto un auto Volkswagen Fox como una moto Honda Wave son producto de la presunta actividad ilícita que se le atribuye.

Más allá de que el sospechoso recibió una respuesta negativa del juzgado de primera instancia, a través de sus representantes legales decidió insistir ante los jueces roquenses de un tribunal superior. Los magistrados mostraron un criterio similar.

Asimismo, los magistrados que analizaron el reclamo del presunto narco hicieron hincapié en que la parte acusadora ya solicitó el procesamiento del imputado y que se aguarda una definición de su situación en las próximas semanas. La causa sería elevada a juicio oral.

Tampoco descartaron la hipótesis fiscal de que los vehículos se adquirieron mediante la actividad ilícita vinculada a la venta de drogas.

En Río Negro, los vehículos secuestrados en causas penales son reacondicionados y utilizados por las fuerzas de seguridad. En Cipolletti, hay unidades policiales que utilizan vehículos de alta gama que fueron secuestrados a narcotraficantes.

La Ley provincial Nº 3932 de “Destino de Objetos Motivos de Secuestro, Decomiso o Hallazgo en Causas Penales”, también otorga al ministerio de Seguridad y Justicia la facultad de solicitar ante la justicia el depósito de los bienes sobre los que certifique la imposibilidad de determinar su origen, procedencia y/o pertenencia por haberse agotado las instancias periciales e investigaciones pertinentes.