Los ediles buscan, de este modo, una solución al conflicto que se desató la semana pasada por el proyecto de ordenanza que busca prohibir el cobro de adicionales por las operaciones de carga.
De hecho, este último domingo un referente de los kiosqueros ratificó que se seguirá adelante con la decisión de no brindar el servicio, a la que se siguen sumando cada vez más propietarios del rubro.
Sin embargo, indicó que se desistió de la propuesta de extender la suspensión de las prestaciones relativas a las cargas virtuales de la telefonía móvil y a las que se efectúan por la conexión de DirecTV.
Ricardo Taborda, integrante de la Cámara de Industria y Comercio y de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (Ukra), manifestó el domingo que se mantiene firme la protesta y dijo que ahora, en su continuidad, se hará más hincapié en el reclamo de un mejor porcentaje por cada operación, que solamente en el proyecto de ordenanza que despertó el descontento.
Es que los propietarios del sector perciben apenas un 0,5 por ciento de las transacciones, un nivel casi irrisorio, ya que les reditúa a razón de 5 pesos por cada 1.000 pesos de carga. Con ello, lo que obtienen por día y por mes no compensa los gastos que deben afrontar ni el tiempo de trabajo que le deben brindar a la tarea.
En este contexto, la titular del CD, Silvana Larralde, expresó que el viernes pudieron establecer una comunicación con la defensora del Pueblo rionegrino, Adriana Claudia Santagati, para pedirle que intervenga en la situación planteada en la ciudad y procure ante los funcionarios responsables de la tarjeta SUBE que se atienda el reclamo de un mejor porcentaje para los kiosqueros en las operaciones de carga.
La edil sostuvo que en el Legislativo se entiende, en términos económicos, el reclamo de los propietarios del rubro, con quienes se reunieron la semana pasada. Por eso, se impulsarán y acompañarán las gestiones que efectúe la Defensoría para una solución de fondo al problema.
Sin embargo, indicó que el proyecto de adhesión a la ley provincial en que se promueve la prohibición de los adicionales seguirá en comisión y, por el momento, no será desactivado. Ello porque la norma provincial a la que se busca adherir está en plena vigencia y porque hay quejas y cuestionamientos de los usuarios del transporte público colectivo por el cobro de los montos extras, que rondan los 20 pesos por cada carga.