Berenguer y Baquero Lazcano replicaron que enviaron un oficio al Ministerio de Seguridad y Justicia el 28 de octubre, donde exigían los detalles sobre el uso de los artefactos, sin obtener respuestas.
"Para poder determinar a qué presos les vamos a otorgar el beneficio debemos contar con un estudio de parte del Servicio Penitenciario Provincial que nos informe quiénes están en condiciones de usar la tobillera", concluyeron los magistrados.
Además, afirmaron que el Instituto de Presos y Liberados tampoco cumple su rol, a pesar de pedidos y denuncias para que mejore su prestación en la ciudad.