A fines del año 2001 el estallido social ante una de las mayores crisis económica de la historia derivó en saqueos y una feroz represión en todo el país. El 19 y 20 de diciembre hubo 38 víctimas en todo el país, entre ellos una cipoleña, que murió baleada. Se cumplen 21 años de impunidad, ya que la Justicia no condenó al policía que disparó.
Ese estallido social finalizó con la renuncia del, por entonces, presidente de los argentinos, Fernando De la Rúa. Pero esa no iba a ser la única huella indeleble que aquellos días dejarían para la historia de este país, ya que la represión orquestada desde el Estado adquirió relieves inusitados desde la vuelta de la democracia con víctimas en todo el país. Elvira Abaca, una vecina de Cipolletti de 46 años, fue una de las personas asesinadas.
La mujer volvía a su casa junto a su hija, Daniela Dellabarca, cuando se toparon con los saqueos en la zona norte de la ciudad. La Policía, y algunos civiles, según testigos, comenzaron a disparar para dispersar a los manifestantes. Uno de los disparos alcanzó a Abaca, quien murió minutos después.
La Justicia confirmó que la mujer fue alcanzada por la bala de un policía. Sin embargo, nunca se identificó al autor del disparo con bala de plomo y no hay condenados. La Justicia dispuso una indemnización monetaria, pero Dellabarca luchó durante años para que el autor del disparo fuese encarcelado.
En casos como estos, los muertos del pueblo no paran de morir, los burócratas de turno se encargan de dejarlo en claro, y sepultan los sueños de justicia bajo expedientes y papeles que cruzan la meta de la proscripción.