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Ya es ley la disponibilidad de los empleados públicos rionegrinos

Los legisladores aprobaron ayer el proyecto que declara el estado de emergencia institucional, económico, financiero, administrativo y social del sector público provincial.

Peralta, del FpV, fundamentó la iniciativa en la necesidad de "poner en orden y clarificar las cuentas públicas" en el contexto de un estado "calamitoso".

Tras un arduo debate que se extendió por casi cuatro horas, los legisladores rionegrinos sancionaron ayer por mayoría la ley que declara el estado de emergencia institucional, económico, financiero, administrativo y social del sector público provincial.
La norma declara sujeto a disponibilidad, por el plazo de 180 días hábiles, a la totalidad del personal que revista en la planta permanente del sector público excluido el Poder Judicial, el Legislativo, docentes, policías y agentes del servicio penitenciario. La medida abarca a unos 20 mil trabajadores.
Además, la iniciativa del Ejecutivo invita a los otros dos poderes del Estado y a los municipios a adherir a la ley.
Mientras transcurría la sesión, gremios estatales protestaron afuera de la Legislatura en rechazo del proyecto impulsado por el gobernador Carlos Soria, que no contó con el acompañamiento de los bloques opositores de la Concertación, el ARI, PPR y Unidos por Río Negro.
Se avaló la creación de la Comisión de Transparencia en el Empleo Público, que elaborará y aprobará las estructuras organizativas y plantas de puestos de trabajo del sector público.
Este cuerpo estará integrado por el secretario ejecutivo del Consejo de la Función Pública y Reconversión del Estado, tres vocales designados por el Poder Ejecutivo, tres por la Legislatura, y un vocal por la asociación gremial mayoritaria y uno designado por la entidad sindical minoritaria.
 
Jerarquización vs. calamitoso
El presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Carlos Peralta, fundamentó el proyecto en la necesidad de "poner en orden y clarificar las cuentas públicas" en el contexto de un estado "calamitoso".
"Esta gestión lo va a jerarquizar al empleado público. Nuestro bloque garantizará que no sea despedido ni un sólo empleado rionegrino", argumentó Peralta, quien agregó: "Esa garantía se la dan 30 legisladores que está votando esta ley para reordenar al Estado público rionegrino y para terminar con la injusticia".
Al momento de adelantar la oposición de la Concertación, el legislador Adrián Casadei consideró: "El Gobierno tiene las herramientas para corregir cualquier cuestión, no nos parece que haya que poner a 20 mil rionegrinos a esta altura de las circunstancias en semejante estado de alerta, zozobra y angustia para ver si buscamos a algún funcionario que se cobijó bajo la planta permanente”.
"Es cierto que se forma una comisión, pero esa comisión no precisa de la representación de la oposición ni de los gremios, hay arbitrariedad", denunció el dirigente radical.
En tanto, la representante del ARI, Magdalena Odarda, manifestó no estar de acuerdo porque cree que la propuesta “siembra desconcierto en quienes llevan su labor con responsabilidad, que son la mayoría".
"El empleado que cumple con sus funciones debe ser protegido y quien no cumple debe ser reubicado”, sostuvo la parlamentaria.
 
Reformas educativas
Por su parte, los legisladores aprobaron la iniciativa que establece la obligatoriedad de la Educación entre los 4 años y hasta la finalización de la escuela secundaria.
Además, la norma fija la obligatoriedad del cumplimiento de 190 días hábiles de clases. Salvo un artículo, el resto del proyecto fue aprobado por unanimidad.
Susana Dieguez, legisladora del FpV, argumentó que la ley busca “democratizar para socializar, democratizar para compartir las decisiones, democratizar para incluir”.

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