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Uno de los procesados era un muerto

De los tres encausados por la toma Nuevo Ferri, uno de ellos está fallecido hace ya un tiempo. Presentan pruebas contra las imputaciones judiciales.

Los acusados por la Justicia consideran que hay condiciones para su sobreseimiento definitivo.

Pruebas para refutar el delito de usurpación que pesa sobre dirigentes del asentamiento Nuevo Ferri fueron presentadas ayer en el Juzgado de Instrucción Penal Nº2. Se busca revertir la imputación y lograr el sobreseimiento definitivo de los afectados.
La medida se concretó a las 11 y contó con la participación de Juan Acevedo, uno de los procesados, el abogado Martín Palumbo y participantes de la toma y del Foro por la Tierra y la Vivienda Digna, como Lilia Calderón.
En la causa está procesado además Franco Guzmán y una tercera persona llamada Reginaldo Longarini, quien está fallecido hace ya algunos años. La situación causó sorpresa en su momento entre los vecinos de Nuevo Ferri y ayer fue motivo de muchos comentarios críticos hacia la labor judicial.
Según Palumbo, el Juzgado Nº2 estaría reflotando una causa que data ya de un tiempo considerable y no se habría tomado los recaudos necesarios para no cometer el error desconcertante de encausar a un vecino que hace bastante que se murió. En palabras más simples, se procesó a un muerto.
El letrado precisó, por otro lado, que existen elementos contundentes para la defensa de Acevedo y Guzmán. Así, destacó que el expediente que se está tramitando “es una causa ya prescripta” debido a que los vecinos ingresaron al predio ocupado en 1999 sin que existiera ningún planteo legal en su contra hasta el 2009. Es decir que han transcurrido más de diez años desde el comienzo de los acontecimientos.
 
Desconocen al presunto dueño
Además, indicó que hay pruebas que desacreditarían que una persona llamada Eugenio Capellán sería presidente de la empresa Lamolla y, a través de ella, dueño de las tierras ocupadas. Entre ellas, figura una consulta efectuada al Registro Público de Comercio, la que habría certificado que la titularidad de la firma pertenecería a una persona implicada en una quiebra, lo que lo inhabilitaría para detentar determinados cargos.
Por este motivo, se prevé solicitar “el sobreseimiento” total de los imputados, afirmó el abogado.
Otro aspecto de la defensa apunta a que el Juzgado interviniente aplique el fallo de la Cámara Penal según el cual no se puede hablar de usurpación cuando no hubo violencia ni intimidación por parte los protagonistas de un asentamiento irregular.
Acevedo, por su parte, cuestionó las complicaciones que existen para que gran parte de la población pueda acceder a un lote y a una vivienda, puesto que en Cipolletti “están muy sobrevaluados los terrenos. Para comparar, por ejemplo, en la ciudad una chacra en producción y hasta con tractores adentro sale 115.000 pesos la hectárea”.

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