Tensión entre ediles y ocupantes por desalojo

El Concejo Deliberante decidió no rechazar el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que confirmó el desalojo del Barrio Obrero A. Apoyará, sin embargo, la propuesta de ese estamento judicial para que se reúnan las partes e intervengan los Estados municipal, provincial y nacional en busca de una salida dialogada.
Los ocupantes nucleados en el Foro por la Tierra y la Vivienda Digna fustigaron la postura asumida por los ediles y dijeron que la participación que se impulsa de las tres instancias estatales es al exclusivo fin de que los habitantes de la toma se vayan en forma pacífica.
Como los residentes del asentamiento irregular no están dispuestos a irse y prevén resistir cualquier intento de expulsión de sus actuales hogares, no se vislumbra por ahora ninguna posibilidad de entendimiento entre los concejales y los referentes del Foro.
La postura asumida por los miembros del CD fue explicitada al término de la sesión de ayer, que arrancó a las 9 y se extendió hasta cerca de las 10.30. El encargado de hacerla pública fue el titular del cuerpo, Juan José Castro.
El edil manifestó que el Legislativo cipoleño no se puede pronunciar en relación con un fallo del STJ aunque aclaró que el cuerpo deliberativo sí había decidido respaldar el punto de la resolución en que se plantea la necesidad de que las tres instancias del Estado busquen en forma previa al desalojo “una solución pacífica”.
Recordó la vigencia de pactos internacionales de Derechos Humanos que deben ser respetados y que las acciones que se dispongan sean en conformidad con esas normas.
Además, aclaró que en la decisión del STJ “no se habla en ninguna parte de desalojo forzoso”, un punto que él y sus colegas concejales consideraron clave.
El punto de vista del CD fue en respuesta al planteo que efectuaron la semana pasada los miembros del Foro, quienes exigieron que los ediles rechacen el fallo judicial. Castro habló en las postrimerías de la sesión de ayer, sin la presencia de miembros del Foro. En un pasillo del edificio Municipal se encontró con la dirigente Lilia Calderón, que venía en busca de una respuesta.
El titular del Legislativo accedió de inmediato a atender a la referente, quien estuvo acompañada por Juan Acevedo y otro ocupante más. Al rato se sumaron la edil Silvana Larralde y el secretario de Gobierno de la comuna, Darío Bravo. Según pudo conocerse el debate fue de alto voltaje y la tensión casi llegó a extremos aunque, por fortuna, no se pasó a mayores.
Los tomeros se mostraron indignados por el posicionamiento del CD y pidieron que se lo reconsidere, teniendo en cuenta que los habitantes del Barrio Obrero A y de otros asentamientos no van a irse del lugar donde se han afincado.
Al final, se acordó que los concejales en pleno se encontrarán con la dirigencia de los ocupantes la semana que viene para destrabar las diferencias.
Calderón denunció en la ocasión, además, que habría un presunto “hostigamiento” de la Policía a los vecinos del Barrio Obrero y que uno de sus hijos, de 24, años habría sido detenido recientemente sin ninguna razón en la Comisaría 32, ante lo cual interpondrá un hábeas corpus para que la Justicia intervenga.