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Servicio Penitenciario, en emergencia

Lo decretó Weretilneck "ante la grave situación de crisis institucional en que se encuentra" el sistema. Se dispondrán casi 30 millones de pesos, de los cuales un tercio será para incorporar 200 agentes.

Los fondos se destinarán a reparaciones en cárceles, elementos de seguridad, mejoras en los edificios y alimentación y salud de internos y personal penitenciario.
 
El gobernador Alberto Weretilneck decretó ayer el estado de emergencia del Servicio Penitenciario Provincial por un año “ante la grave situación de crisis institucional en que se encuentra” el sistema.
La medida estipula la disposición de más de 29,5 millones de pesos para hacer frente a las necesidades más urgentes como reparaciones en cárceles, elementos de seguridad, mejoras en los edificios y alimentación y salud de internos y personal penitenciario.
Según precisó el ministro de Gobierno, Hugo Lastra, “un tercio de esta asignación presupuestaria dispuesta estará destinada a capacitar e incorporar 200 agentes al Servicio Penitenciario Provincial, lo que además permitirá que policías que hoy prestan servicios en las cárceles, vuelvan a cumplir el trabajo para el que fueron formados”.
“Está claro que el personal policial no está capacitado a nivel general para el trabajo penitenciario”, remarcó Lastra.
 
Años de desinterés
Por su parte, Weretilneck destacó que “esta emergencia se genera para subsanar la situación heredada, producto de años de desinterés por parte del Estado rionegrino en la concreción de verdaderas y efectivas políticas en materia penitenciaria”.
El decreto faculta el otorgamiento al Ministerio de Gobierno de partidas presupuestarias extraordinarias para la creación del ‘Fondo de Sustentabilidad Penitenciaria’.
Además, el gobernador argumentó: “Como no había una previsión presupuestaria porque no se conocía el estado de desastre económico, de trabajo y edilicio del Servicio Penitenciario Provincial, hoy tenemos que sancionar este decreto para aportar una partida de casi 30 millones de pesos que servirá para remodelar y arreglar algunas cuestiones edilicias; capacitar al personal del SPP”.
Weretilneck subrayó que “esta medida es consecuencia de la crisis heredada y el desmanejo que hubo sobre el Servicio Penitenciario desde su misma creación, la desidia en el mantenimiento de los edificios, la falta de apoyo al personal”.
En tanto, Lastra, explicó: “Cuando asumimos nos encontramos con un servicio que contaba con una legislación muy buena, pero que no estaba implementada de acuerdo a las necesidades del sistema”.

Falta de personal
“El Servicio Penitenciario le tiene que dar la oportunidad al interno de reinsertarse en la sociedad una vez cumplida su condena. Sin embargo, nos hemos encontrado con cárceles nuevas mal construidas, ineficientes, incómodas para el trabajo y el detenido. Hallamos edificios en una situación de total destrucción, con riesgo para el personal y los detenidos, como es el caso de Bariloche”, sintetizó Lastra.
Precisó que “en total, en Río Negro hay actualmente 695 detenidos, de los cuales 212 son procesados, cuando en realidad les corresponde un tratamiento diferenciado porque deberían estar alojados solamente en las Alcaidías. Pero paralelamente, se cuenta con muy poco personal, con 478 agentes, de los cuales sólo 157 son agentes penitenciarios, lo que marca un importante desfase”.

El Penal cipoleño, criticado por las fugas

En menos de un año y medio hubo cuatro evadidos de la cárcel cipoleña, que alberga presos de máxima peligrosidad sin estar preparada para ese fin.
 
La Unidad Penal 5 de Cipolletti no es ajena a la crítica situación de las cárceles provinciales que motivó el decreto de emergencia por parte del Ejecutivo.
A pesar de ser el más nuevo de los penales rionegrinos, en 17 meses de funcionamiento sufrió cuatro fugas y a uno de sus reos lo atraparon robando una vivienda.
Las evasiones motivaron fuertes cuestionamientos, puesto que dejaron en evidencia un frágil sistema de seguridad externa, que no representa mayor obstáculo para reos con largas condenas por cumplir y frondosos prontuarios policiales. Allí radica una de las claves de la crítica situación: el penal no fue concebido para esa clase de internos, pero igual habitan sus celdas.
El último evadido, Diego Serafini, huyó el martes 15 y aún no fue recapturado. Estaba en prisión cumpliendo una condena de 18 años de reclusión.
Además de las fugas, otro hecho polémico fue que el viernes 11 la Policía detuvo a un hombre tras sorprenderlo robando en una casa. Se trataba de un interno de la cárcel que gozaba del beneficio de salidas transitorias.

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