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Se viene el juicio contra directivos de Feclir por defraudación al Estado

En las próximas semanas se definiría la fecha del inicio. A los médicos Gigena, Tasat y Bernardini se los acusa por el cobro de sobreprecios al Ipross.

En las próximas semanas quedaría confirmada la fecha del juicio oral en la causa por supuestas maniobras para cobrar siderales sobreprecios al Instituto Provincial de Seguridad Social, que tiene procesados a tres directivos de la Federación de Clínicas de Río Negro: los médicos roquenses Roberto Bernardini y Héctor Tasat y el cipoleño Carlos Gigena.
Además, se encuentra imputada la ex ministra de Salud de la provincia Adriana Gutiérrez. El debate se desarrollará en una cámara criminal de General Roca.
La novedad en las últimas horas en relación con el trabajo judicial es una ampliación de la investigación, con más imputados que también podrían ser procesados por distintos delitos que se derivan del pago de sobreprecios en medicamentos por parte del Ipross.
En el caso de Gigena, Bernardini, Tasat y Gutiérrez, enfrentarán un proceso por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública. Para la ex funcionaria radical, se contempló el agravante de los cargos públicos que ocupó durante el gobierno de Miguel Saiz. 
 
Otra imputación
De acuerdo a fuentes judiciales, la fiscal Ana Benito avanzó con otras líneas investigativas y consideró que debe ser imputado el ex responsable del Sindicato de Trabajadores Viales, Carlos Sansuerro. El dirigente, que en la actualidad permanece detenido por una causa de estafas, era vocal gremial en el Ipross y no habría cumplido con su rol de controlar la compra de medicamentos con sobreprecios que en algunos casos llegaron al 14.000 por ciento.
Las maniobras ilícitas se habrían dado a partir de mediados de 2002.
También serían indagados los dueños de empresas “fantasmas” que habrían intervenido en operaciones irregulares para la compra de medicamentos y prótesis.
 
La triangulación
El hecho denunciado es una triangulación en la que Ipross contrata a Feclir para que esta entidad le suministre las prestaciones, adquiriéndolas de privados, que fueron Droguería Eleón para medicamentos oncológicos y Corporación Atlantis para prótesis.
Uno de los principales cuestionamientos es que el Ipross tiene la facultad para comprar sin intermediarios a precios de mercado y hasta con descuentos de mayoristas.
Otro es que los precios convenidos entre Feclir y las prestadoras llegaron a tener una sobrevaluación del 14.000 por ciento, según se consigna en la causa.
También está bajo la lupa el modo de pago, debido a que el Ipross abonaba a Feclir por adelantado con depósitos bancarios, pero desde la Federación habrían pagado en efectivo a "Eleón" y a "Atlantis", sin que esos montos quedaran luego reflejados en la dudosa contabilidad de las empresas.
La teoría que en su momento respaldó el juez Daniel Tobares es que las firmas recibían en efectivo el verdadero valor de sus prestaciones y que la abismal diferencia con el sobreprecio se repartiría entre todos o algunos de los imputados como "retorno".

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