Ratificaron la postura ante las tomas

El pronunciamiento fue mal recibido por ocupantes locales.

Griteríos y recriminaciones a granel se dejaron sentir al término de la sesión de ayer del Concejo Deliberante, a raíz de la discusión planteada entre ediles y ocupantes nucleados en el Foro por la Tierra y la Vivienda Digna a raíz del desalojo del Barrio Obrero A. Acusaciones, reproches y palabras altisonantes fueron la tónica de un nuevo momento de tensión en el Legislativo local.
Al final, el titular del cuerpo, Juan José Castro, dio a conocer a los dirigentes de tomas el pronunciamiento conjunto que elaboraron concejales y funcionarios sobre la resolución adoptada por la Justicia.
La novedad fue que la edil Silvana Larralde decidió no acompañar el texto, algo que ella misma aclaró después diciendo que no era partidaria del desalojo.
Tampoco suscribió a él su colega Alejandra González, quien ayer estuvo ausente pero que acompañaría lo expuesto.
“Atendiendo al respeto que merece el sistema republicano de gobierno y la división de poderes que consagra, y siendo que la Municipalidad no ha sido parte en los autos referenciados, no corresponde que efectuemos valoración alguna sobre los aspectos legales de un fallo emitido por el máximo tribunal de la provincia, dictado dentro del marco de las competencias que le son propias”, se indica en el documento, al que suscriben el intendente Abel Baratti y los concejales Castro, Facundo Arraztoa, Alejandro Goya Villagrán y Valeria Fernández.
En relación con el fallo judicial, se indica que “de estimar los ocupantes que el mismo no se ajusta a derecho, tienen los medios recursivos para plantear las disidencias dentro del sistema legal y procesal vigente”.
Se destaca que el Municipio “ha sido uno de los pocos en el país que elaboró un plan para adquisición de las tierras para familias excluidas del mercado tradicional, de profundo contenido social y solidario, cuyos resultados positivos se pueden observar en la actualidad”. La alusión es al Distrito Vecinal del Noreste y sus cerca de 120 hectáreas para “loteos sociales”, con el cual se ha permitido “el acceso a la parcela de aproximadamente 1.975 familias en la actualidad”.
En el pronunciamiento, se destaca que la comuna seguirá bregando por nuevas políticas para el acceso a la tierra, y se ratifica que “el Municipio no va a avalar la ocupación ilegítima de terrenos públicos o privados, instando a la población a actuar dentro del marco de la legalidad propio de un Estado de derecho”.
 
Críticas y reproches
El texto fue mal recibido por los ocupantes, entre los que se contaban Lilia Calderón y Juan Acevedo. La primera prodigó cuestionamientos y palabras hirientes contra los ediles, en particular, Valeria Fernández, a quien acusó de comportarse como “careta” y de ser también ocupante de un terreno. "Pero el Municipio le ha conseguido a ella un lote para que se vaya a vivir”, afirmó. En realidad, los habitantes de Tres Luces recibirían a futuro la propiedad de sus lotes, pero la edil deberá mudarse porque su casa está en la zona de ampliación de la Ruta 22.
La concejal le respondió: “Merezco respeto, soy un funcionario” y amagó con efectuar una denuncia policial contra la dirigente.
Acerca del contenido del escrito oficial, Calderón le dijo a Castro que “es irrisorio, es más de lo mismo. Ustedes se lavan las manos”. Acevedo, en tanto, sostuvo que “hay complicidad del Municipio con el negocio inmobiliario”.
Luego de la sesión,  Castro, Baratti, el secretario de Gobierno Darío Bravo y los ediles Goya Villagrán, Arraztoa y Fernández emitieron un comunicado de prensa donde critican los dichos formulados por referentes del Foro. “Rechazamos y repudiamos las provocaciones verbales denigrantes y ofensivas de la dirigente barrial Lilia Calderón junto a otros pares, en contra de nuestro buen nombre y honor sin respetar el diálogo pacífico”, plantearon y lamentaron  “una alteración del orden que no es propio del comportamiento y el respeto que se debe tener en una sesión ordinaria”.

Larralde no firmó el documento oficial

La concejal mantuvo su postura disidente con sus pares y el Ejecutivo municipal porque se opone a la posibilidad de un desalojo por la fuerza.
 
La concejal Silvana Larralde expresó ayer su disidencia en relación con el pronunciamiento oficial por la toma Barrio Obrero A y dijo que ella no comparte la solución del problema vía la expulsión de sus pobladores. “Yo jamás voy a avalar un desalojo, porque cualquier desalojo es traumático”, enfatizó.
Indicó que, en lo personal, “no estoy ni a favor ni en contra de las tomas” y señaló que “siempre voy a ser respetuosa de la Justicia, pero acá hay una Justicia que llega tarde. Tenemos una Justicia lenta”.
“Como representante del pueblo, jamás avalaría un desalojo, más siendo que los habitantes de los asentamientos irregulares forman parte del pueblo. Allí viven niños, adultos y personas con discapacidad”, puntualizó.
A Larralde, el texto del pronunciamiento le fue acercado oficialmente la noche del miércoles, por lo que se vio acotada en el tiempo para su posición personal. Para ella, deben buscarse otras alternativas de solución a la problemática.