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Quieren reglamentar la inhabilitación para ocupar cargos públicos

El proyecto es impulsado por la legisladora del FpV Silvia Horne. Apunta a quienes participaron de las interrupciones a los gobiernos democráticos en el territorio nacional.

Cipolletti.- La legisladora Silvia Horne impulsa un proyecto para reglamentar el artículo de la Constitución provincial que inhabilita a perpetuidad para el ejercicio de los cargos públicos a quienes participaron de las interrupciones a los gobiernos democráticos en el territorio nacional. La parlamentaria del Frente para la Victoria plantea que la reapertura de los juicios en los que aparecen personas con aspiraciones a acceder a cargos públicos imputados o procesados por graves violaciones de derechos humanos en gobiernos no constitucionales, ha planteado en el país situaciones que obligan a reglamentar este artículo a fin de respetar el espíritu que los constituyentes supieron otorgar a la Carta Magna.

La iniciativa establece un escueto procedimiento que obliga en cada caso a verificar si efectivamente todo funcionario cumple los requisitos legales y éticos para estar en condiciones de ejercer la función pública. Según la propuesta de Horne, no podrían ejercer funciones de responsabilidad, asesoramiento o cargo público quienes hayan sido condenados como autores, partícipes en cualquier grado, instigadores o encubridores de los delitos de desaparición forzada de personas, homicidio, privación ilegítima de la libertad, supresión, sustitución o falsificación de identidad, torturas y cualquier otro delito que por su entidad constituya grave violación a los derechos humanos y/o delitos de lesa humanidad. Tampoco aquellos individuos que hayan sido condenados por los delitos de robo, defraudación, estafa, malversación de fondos públicos o privados y falsificación de instrumentos públicos o privados y cualquier otro delito cometidos en ocasión, o para facilitar, promover o encubrir graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

La misma inhabilitación recaería sobre las personas contra las que exista prueba de participación exteriorizada a partir del dictado del procesamiento, como autor, instigador o cómplice en violaciones de los derechos humanos que puedan implicar delitos de lesa humanidad. Al igual que las personas que hayan usurpado cargos en un periodo de interrupción del orden constitucional dentro del territorio nacional. El proyecto también contempla la inhabilitación para las personas que hayan ejercido los cargos de Ministro, Secretario, Subsecretario, Director, o cargos superiores a éstos, que hayan desempeñado cargos jerárquicos en las fuerzas de seguridad o de defensa, o funciones de responsabilidad política o de asesoramiento político a un gobierno no constitucional, en cualquier dependencia del Estado, organismo centralizado o descentralizado, de nivel nacional, provincial, municipal o comisiones de fomento. En algunos casos el impedimento será perpetuo.

En otros el impedimento cesará si se dicta sobreseimiento definitivo, pudiendo revisarse dicho cese del impedimento y renacer en su caso la inhabilitación dispuesta, al mediar cosa juzgada írrita. Previo a la asunción de un cargo político o a la postulación para un cargo electivo, deberá completarse una declaración jurada que acredite que el aspirante goza de la idoneidad suficiente para actuar en la vida democrática dejando expresa constancia de que no ha estado a cargo de ningún asesoramiento ni dirección ni ningún otro cargo político superior a éste, durante gobierno dictatorial y que no está procesado por crímenes de lesa humanidad. Diez días después de la presentación de la declaración jurada por el eventual funcionario político o por el postulante a cargo electivo, el Gobierno deberá corroborar la veracidad de esas afirmaciones.

En caso de que hubiere incurrido en falsedad, el funcionario o postulado deberá renunciar de inmediato al cargo político asumido o a la postulación respectivamente por la inhabilitación que fija esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa por la grave falta cometida.

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