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Propuestas de cambios en leyes

Dos proyectos de legisladores del bloque de la Concertación serán tratados la semana próxima en la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura: uno que modifica un articulado de la Ley de Extramuros y otro que tiene por objetivo establecer un marco regulatorio para la formación de agentes sanitarios.
Uno de ellos tiene que ver con la modificación de artículos de la misma normativa que rige sobre el empleo de los detenidos bajo el beneficio del Extramuros. Según la modificación planteada, el encausado solicitará el beneficio de trabajo, «acreditando el empleo disponible con constancia de inscripción de Ingresos Brutos, AFIP e inscripción municipal del empleador, monto de la remuneración a percibir por el encausado y tipo de contrato laboral, certificado por el empleador, en el caso de trabajadores dependientes o inscripción en monotributo y estimación de ingresos de la actividad independiente y su descripción en su caso. No se acordará autorización si el empleo fuere de horario nocturno o el empleador sea familiar directo del encausado».
Además, la iniciativa de autoría del legislador Carlos Sánchez, propone el agregado del artículo que establece que «una vez otorgado el beneficio de Trabajo Extramuros, la remuneración del encausado debe ser depositada por el empleador en el Juzgado de Paz de la localidad correspondiente».
Por otra parte, un proyecto de autoría conjunta entre las legisladoras Marta Milesi, Adriana Gutiérrez y María Inés García, propone establecer el marco regulatorio por el que se regirá la formación de los agentes sanitarios.
El artículo 5º de este proyecto de ley establece que una vez puesta en vigencia la normativa «comenzará un plan progresivo de formación terciaria de los agentes sanitarios que actualmente se desempeñan en el sistema de salud pública de la provincia».
«En el plazo de tres años desde la entrada en vigencia de la presente ley, debe quedar concluida la reconversión del personal que presta el servicio en la actualidad, como asimismo la cobertura de vacantes, siendo el Estado Provincial quien debe garantizar el servicio de formación», señala además el artículo 6º.
Al respecto, se considera como autoridad de aplicación a los ministerios de Salud y de Educación de la provincia de Río Negro.

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