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Proponen una nueva ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública

Se trata de un proyecto que será tratado en la sesión de mañana de la Legislatura rionegrina.

Cipolletti.- Presentaron hoy en la Legislatura un proyecto para crear una nueva Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública, con el objeto de resguardar la calidad institucional de los tres Poderes del Estado, garantizar el ejercicio pleno del acceso a la Información Pública por parte de los ciudadanos rionegrinos, y controlar el cumplimiento efectivo de los funcionarios.

Lo relevante de la reforma propuesta es la incorporación de la Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios Públicos, que a partir de ahora debería ser pública.

La norma reemplararía la ley N° 3550, “que en la práctica dio magros resultados” y es “casi neutra, con relación a sus objetivos al ser sancionada”, según los autores de la nueva propuesta.

La iniciativa es impulsada por los legisladores Ana Piccinini, Ángela Vicidomini, Ariel Rivero, Alejandro Marinao, Graciela Sgrablich, Luis Esquivel, Roberto Vargas, Irma Banega, Domingo Garrone, Rubén Torres y Marcos Catalán.

Según el proyecto, la Declaración Jurada deberá ser presentada ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia bajo juramento de Ley y publicada en el sitio web del Organismo donde cumple sus funciones el declarante.

También establece que las cabezas de los tres Poderes del Estado, la Procuración General y los Órganos de Control Externos e Internos deberán dentro de las 48 horas de vigencia de la ley, habilitar una página Web específica para la publicación de las Declaraciones Juradas de sus Funcionarios.

Los autores consideran que las Declaraciones Juradas debidamente publicitadas, permiten analizar la evolución de los patrimonios de los ciudadanos que han elegido la Función Pública como modo de vida y como profesión y brindar a la ciudadanía en general y a la prensa en particular, elementos para vigilar el comportamiento del gobierno y de sus integrantes.

“La gente exige mayor transparencia y claridad, eso es lo que debemos proveerles desde esta Legislatura”, remarcan.

Detalles
La Ley propuesta establece un sistema uniforme para la presentación, un formulario, en su articulado minuciosamente detalla cual deberá ser su contenido válido.

Cada funcionario tendrá la obligación de hacer la presentación y publicación de la DD.JJ dentro de los 15 días corridos de asumido el cargo.

Los impulsores de la iniciativa resaltan algunas novedades como la inclusión dentro de este Sistema a los integrantes abogados de los Consejos de la Magistratura, como así también a los representantes de los Entes de Desarrollo Provinciales, al Defensor del Pueblo Adjunto y al Fiscal de Estado Adjunto. También se incluyen entre los funcionarios que integran el Poder Legislativo a los funcionarios de los distintos bloques parlamentarios.

La propuesta contempla otra novedad en el Sistema: el Tribunal de Cuentas, vencidos los plazos que establece esta ley e independientemente de los procedimientos iniciados contra los incumplidores, ordenará la publicación de la lista completa de los funcionarios que hayan cumplido, como los que no lo hicieron, en el Boletín Oficial y en los diarios de mayor circulación de la Provincia o de las Regiones. En la misma publicación se dará a conocer los sitios web donde se encuentran publicadas las Declaraciones Juradas de todos los funcionarios.

Otro artículo establece cómo debe actuar el Tribunal de Cuentas y las máximas autoridades de los Poderes en caso de incumplimiento. Las sanciones van desde el no pago de los haberes preventivamente como la no percepción de beneficio previsional si incumple la presentación al egreso y la cesación en el cargo por destitución o exoneración. Reiteramos que la renuncia no suspende los procedimientos previstos y ya en marcha por esta Ley.

El proyecto destierra la definición de la ley vigente cuando habla de “Incremento Desproporcionado” y llama “las cosas por su nombre”. El art 19 se titula “Presunto Enriquecimiento Ilícito”. Se impone al Órgano de Aplicación de la Ley un seguimiento continuo y riguroso de cada una de las Declaraciones Juradas presentadas y sus respectivas actualizaciones. Este control permite una actuación certera cuando es de oficio y cuando es por denuncia expresa y/o anónima. Éste mantendrá un control en el desenvolvimiento económico y financiero del funcionario, a través del mecanismo legislado. Cuando lo alertarán sobre indicios o cambios en el nivel de vida del funcionario, pondrá en marcha el mecanismo que regula el Art.19.

También se prevén las obligaciones del Funcionario público a su egreso de la administración.

Toda la documentación que se relacionara con el funcionario deberá ser conservada en los archivos del Órgano de Aplicación por el plazo de 10 años. La legislación que se pretende derogar establece un plazo menor, 3 años lo que consideramos totalmente exiguo a los fines de una investigación, que puede surgir en cualquier tiempo.

Con respecto a las incompatibilidades en el desempeño de la Función Pública, las mismas están reguladas en el art 23° y son meramente enunciativas. Otras están expresamente legisladas en la Constitución Provincial y demás leyes provinciales y reglamentaciones como las previstas para la policía, docentes, funcionarios y agentes de la salud o funcionarios judiciales, que deben ser tenidas en cuenta, y mantendrán su vigencia siempre que no se opongan a la presente. Interpretándolas dentro del marco de lo que razonablemente se espera de la conducta de un funcionario público en relación a un ciudadano común.

Por ejemplo, para el caso de que se juzgue la violación de estos preceptos por Magistrados o Funcionarios judiciales, se deberá hacer una interpretación amplia de la conducta inapropiada, presuntamente violatoria de la ética y aplicarles además las reglas de Bangalore, incorporadas como obligación para ellos, al Poder Judicial de la Provincia por resolución del más Alto Tribunal. Estos funcionarios las deben seguir y respetar y el Órgano de Aplicación de esta Ley al momento de su evaluación las deberá tener en cuenta, para la definición de los cargos a levantar contra estos funcionarios.

En este proyecto, ante la presunta infracción en que pudiera incurrir un Funcionario Público de los Capítulos III y IV, la “Investigación Preliminar” la realizará el propio Tribunal de Cuentas. Si de las resultas de la misma, considera el levantamiento de cargos contra el funcionario, los describe haciendo hincapié en las disposiciones presuntamente vulneradas y corre inmediato traslado de todas las actuaciones con copia certificada a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y al Fiscal de Grado en turno respectivamente, para lo que pudiera corresponder.

El derecho de defensa y los descargos del presunto infractor se recibirán en el marco de las actuaciones incoadas por el Tribunal en esos organismos. Sin perjuicio de estas acciones el Tribunal deberá anoticiar al Cabeza de Poder al que pertenece el funcionario en que concluyo su investigación.

Como se observa al responsable del poder sólo se lo notifica del resultado de la Investigación Preliminar. En la Ley vigente el superior jerárquico del funcionario es el que realizaba el sumario, el que decide su envió al Fiscal de Investigaciones o al de Grado en su caso.

Aquí el jerárquico sólo es notificado y carece de facultades para intervenir en la investigación o en el posterior sumario, que quedará en cabeza del Fiscal de Investigaciones Administrativas para lo que tiene que ver sobre las faltas administrativas y en cabeza del Fiscal de Grado en lo que tiene que ver con la investigación de una posible tipificación penal de la conducta del funcionario, basada en el reproche realizado por el Tribunal de Cuentas.

Dado que la infracción a esta Ley, en cualquiera de sus preceptos implicaría incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, además de otros en que el funcionario pudiera haber incurrido, el Tribunal de Cuentas luego de la “Investigación Preliminar” y a sus resultas, siempre le tiene que dar intervención a la Justicia Penal.

Esta Ley determina que el Órgano de Aplicación por excelencia, será el Tribunal de Cuentas de la Provincia, quien además de las competencias y responsabilidades que le otorga la Constitución Provincial y su Ley Orgánica, contará con las facultades que la presente Ley le acuerda.

El proyecto pone en cabeza de los funcionarios públicos garantizar la trasparencia y publicidad de los actos de Gobierno. En un todo de acuerdo con lo que establece la Carta Magna Provincial y la ley que regula el Libre Acceso a la Información Pública. El incumplimiento del art.6 será considerado por el Tribunal como falta grave del funcionario y tendrá el mismo tratamiento que para las demás infracciones detalladas en ella, establece esta norma.

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