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Procesaron a dos dirigentes de la toma Nuevo Ferri

Les imputaron el delito de usurpación. Ya presentaron la apelación. Piden no criminalizar la protesta social.

Existe inquietud en el asentamiento, donde se espera revertir la disposición judicial.
 
Dos dirigentes del asentamiento Nuevo Ferri fueron procesados por la Justicia, acusados de usurpación de las tierras ocupadas. Los imputados ya efectuaron la apelación correspondiente y en los próximos días presentarán las pruebas para ratificar su inocencia.
El Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 dispuso, hace ya unos días, la medida procesal contra Juan Acevedo y Franco Guzmán, quienes aparecen como referentes de la toma.
La situación generó malestar y preocupación en los habitantes de la ocupación, en lo que se entiende como una situación de “criminalización de la protesta social” que estaría en marcha actualmente por “presiones” que sufriría la Justicia.
Ayer se efectuó una asamblea de vecinos en la zona de las canchas de fútbol que posee el asentamiento, en la que se analizó el panorama abierto tras la disposición judicial que afecta a dos de los residentes.
Acevedo indicó que la imputación que se les hace es por “el delito de usurpación”, un cargo que consideró absolutamente equivocado porque se está “ante un problema social debido a la falta de respuesta, al incumplimiento del Estado en materia de un derecho básico como es el del acceso a la vivienda”.
Indicó además que no se puede accionar contra dos personas del asentamiento cuando “todas las decisiones son colectivas, se resuelve en asamblea”. Además, recordó que en la toma participan 341 familias, todas ellas comprometidas en la lucha por la tierra y el techo propio.
Nuevo Ferri está ubicado al oeste de calle San Luis, enfrente del viejo barrio Ferri. Muchos de los participantes de la ocupación, que ya tiene varios años de iniciada, tienen familia en el sector poblacional más antiguo y han vivido y se han criado en los alrededores.
El dirigente manifestó que con su abogado ya se ha concretado la apelación del procesamiento, el cual espera que quede sin efecto como ha ocurrido en otros sectores poblacionales irregulares de la ciudad. Insistió en el carácter social del fenómeno de las tomas en Cipolletti, el que relacionó con el negocio inmobiliario local que encarece el precio de las tierras y el monto de los alquileres y “condena a la gente pobre a vivir cerca de los basurales”, en alusión al Distrito Vecinal Noreste.
Sostuvo que la Justicia debería “enjuiciar” a los responsables “del Estado, del gobierno” por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no responder a la disposición constitucional de asegurar la vivienda a todos los habitantes de la Argentina.
Sostuvo que ya hay más de 7.000 familias en las tomas de Cipolletti, número que se más que duplica con las de los barrios irregulares antiguos, como los de la costa y la vera de los canales.

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