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Primer Triple Crimen: solicitan la destitución del juez Iribarren

En el jury que se le realiza por mal desempeño en la investigación, también se pidió su inhabilitación por cuatro años para cumplir funciones en la Justicia.

La defensa cuestionó los argumentos en contra del magistrado. La sentencia se conocería la próxima semana.
 
Con duras manifestaciones por parte de la Procuradoría y la Defensa, fue clausurado anoche en General Roca el jury contra Pablo Iribarren, quien llegó acusado por presunto mal desempeño en la investigación del primer Triple Crimen de Cipolletti.
Mientras que Liliana Piccinini reclamó una dura sanción de destitución, los abogados particulares Oscar Pineda y Maximiliano Rusconi advirtieron que una medida de ese tipo pondrá en peligro la independencia judicial en la provincia y le requirieron al Tribunal del Consejo de la Magistratura de Río Negro que sea objetivo a la hora del fallo. La sentencia se conocerá en un plazo de cinco días hábiles.
En una maratónica jornada que empezó al mediodía y se extendió hasta más allá de las 21, culminó el juzgamiento de Iribarren. La actividad tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Roca y como en otras oportunidades estuvieron presentes los Familiares del Dolor, con Ulises González y Carlos Pablo al frente.
No faltaron los cruces iniciales entre Piccinini y Rusconi, quienes durante todo el proceso se cuestionaron en forma recíproca. También Iribarren, en una conducta que reiteró en la mayoría de las audiencias, pidió la palabra para referirse a diferentes etapas de su investigación.
Después, se dio paso a una prueba aportada por la Defensa y que consistió en un cassette que contenía una escucha a una conversación telefónica entre González y el entonces vicegobernador de la Provincia, Bautista Mendioroz. En la grabación, el dirigente del radicalismo se compromete a brindar un total apoyo y si es necesario, presionar al juez para que ofrezca resultados concretos.
Ya avanzada la tarde, Piccinini pudo exponer su alegato y se ajustó en gran parte a la requisitoria fiscal donde se detallan las múltiples irregularidades que habría cometido el acusado. La procuradora puntualizó que “se desligó de la dirección” y aseguró que “diluye la responsabilidad en otros operadores (del Poder Judicial)”.  
“Está claro que urgían temas que debían ser aclarados y que el juez no aclaró”, explicó y recordó el trabajo desordenado de varias comisiones policiales integradas por fuerzas provinciales y nacionales.
Tampoco olvidó mencionar la pinchadura del teléfono de González sin su consentimiento y consideró que “frustró el derecho de las víctimas a acceder a la verdad”.
Luego, solicitó que sea destituido e inhabilitado para ejercer cargos en el Poder Judicial durante el plazo de cuatro años.
 
“Rédito político”
Pineda fue el encargado de abrir el alegato de la Defensa y cuestionó el ingreso de la política en el Triple Crimen. “Parece que había que sacar un rédito político”, se quejó y apuntó que la denuncia contra Iribarren data de 1999.
A la brevedad del primero de los abogados, se opuso un Rusconi que no ahorró descalificaciones para el papel cumplido por la Procuradora. “Piccinini hizo un alegato no en base a las pruebas de esta audiencia”, manifestó.
Desplegando un verdadero arsenal en cuanto a opinión de reconocidos hombres del derecho y también jurisprudencia, el defensor rescató la figura de Iribarren y alertó que en el jury “si vale todo, eso sería terrible”.
Finalmente, remarcó que se tenga prudencia porque “con este tipo de proceder no sólo se compromete la independencia del Poder Judicial sino que lisa y llanamente se la fulmina”.

Malestar por las actitudes del acusado

Ayer, fue el cierre de cuatro jornadas agotadoras para parte de los familiares de las víctimas del primer Triple Crimen y también para los allegados al acusado, Pablo Iribarren.
El dato anecdótico que surge y que quedó reflejado ayer en una conversación en los pasillos de este diario con Mary Mella, tía de las hermanas González, es la actitud del imputado. Muy molesta, la vecina cipoleña planteó la innecesaria referencia de Iribarren a unos supuestos subsidios que había recibido la organización Familiares del Dolor por parte de la provincia.
En su descargo ante la Magistratura, el juez roquense hizo mención ayer a las presuntas ayudas económicas, situación que fue negada con la cabeza desde su lugar por el matrimonio González y hasta el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien trabaja con los familiares de víctimas de distintos hechos.
Luego, la propia procuradora Liliana Piccinini no tuvo empacho en hablar de la notable soberbia de Iribarren e indicó que “la Asociación no tiene personería jurídica y no reciben subsidios de ninguna clase. Me parece de mal gusto e irresponsable (lo de Iribarren), como que estarían usufructuando los dineros públicos. Es triste”.

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