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Por amparos, cipoleños consiguieron 10 viviendas

Se trata de familias integradas por personas que presentan diversas discapacidades y enfermedades.

Los trámites fueron llevados a cabo ante un juzgado de Familia de esta ciudad, que elevó las quejas a los responsables del IPPV.

En menos de un año, el Juzgado de Familia Nº 7 de esta ciudad favoreció la entrega de una decena de viviendas a familias cipoleñas integradas por personas con capacidades especiales. El trámite fue posible gracias a la presentación de recursos de amparo interpuestos por los damnificados.
Desde la Oficina de Prensa de la IV Circunscripción Judicial se destacó que las gestiones fueron realizadas entre fines de 2011 y los primeros meses de este año. Por sus características propias, los amparos fueron respondidos en un corto plazo de tiempo y los funcionarios judiciales se encargaron de poner en conocimiento de la situación a los responsables del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la provincia de Río Negro (IPPV). Las presentaciones se apoyaron en la Ley 26.182, que establece un cupo en los planes habitacionales para personas con discapacidades. 
El pedido de auxilio a la Justicia por parte de los vecinos cipoleños no fue de un día para otro y tuvo relación con las demoras en recibir una respuesta valedera de los funcionarios que estuvieron a cargo del IPPV en gobiernos pasados. Según los expedientes, se puede observar que un grupo de amparistas llevaba inscripto 15 años en los registros del Consejo del Discapacitado y en los listados del IPPV.
 
Casos dramáticos
Entre los casos más dramáticos se encuentra el de una familia integrada por ocho menores de entre 3 meses y 17 años. De acuerdo a lo descrito en el amparo, una niña presenta un cuadro de discapacidad a causa del síndrome de disfasia mixta. Otro pedido se vincula a un vecino de la toma ubicada en Ferri que sufre de una compleja enfermedad, además de males como asma, diabetes e hipertensión. También una familia fue beneficiada con una casa en el Distrito Vecinal Noreste.
La jueza María Alicia Favot resaltó que las solicitudes se concretaron vía telefónica y apuntó que “llamamos muchas veces y hablamos con distintos funcionarios de primeras y segundas líneas y las respuestas llegan pronto. En un caso nada más hubo que dictar sentencia porque los tiempos se extendieron mucho. Son familias con niños que ya sufren la discapacidad de un ser querido y encima la postergación del Estado. Existe la ley y hay que cumplirla porque detrás hay personas que desean vivir dignamente”.

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