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Otro dictamen judicial por amparo para tratamiento de fertilidad “in vitro”

El Superior Tribunal de Justicia podría hacer lugar al amparo que presentó una pareja, con patrocinio letrado del abogado y concejal viedmense Ariel Alberto Gallinger, para que el IPROSS cubra los costos.

Cipolletti.- El Superior Tribunal de Justicia podría hacer lugar al amparo que presentó una pareja, con patrocinio letrado del abogado y concejal viedmense Ariel Alberto Gallinger, para que el IPROSS cubra los costos del tratamiento de fertilización in vitro en el Centro de Medicina Reproductiva de Bariloche o en otro de similares características, publicó la agencia ADN.

De ese modo lo sugiere un dictamen emitido el miércoles pasado –y oficialmente difundido dos días después- por la procuradora general del Poder Judicial, Liliana Piccinini.

Según expresiones de la mujer, desde hace aproximadamente siete años, junto con su pareja, comenzó a realizarse varios análisis (tiroides, prolactina y espermogramas), bajo la asistencia de diferentes médicos.

Desde el año 2004, ambos son atendidos por el doctor C. E. quien les indicó realizarse diversos tipos de análisis, hasta que el 2007 concreta una lámparoscopía de la cual surge que la paciente tiene la trompa derecha e izquierda obstruidas, quiste tubárico izquierdo y adherencias periováricas.

En razón de los resultados, el profesional le indicó a la mujer una fertilización asistida con medicamentos durante tres meses, arrojando resultados negativos.
En febrero de este año, tras la realización de otros estudios, el médico recomienda el tratamiento de fertilización in vitro, ante la imposibilidad definitiva de lograr un embarazo por vía natural.

Así, el 16 de junio solicitó a la obra social IPROSS el reconocimiento de dicho tratamiento, pedido que fuera denegado. Posteriormente, reiteró el pedido ante el secretario técnico de la obra social, quien nuevamente lo rechaza, según consta en la documentación oficial.

Por su parte, el apoderado de Fiscalía de Estado, Eduardo Manuel Martirena, presentó un informe donde aludió, entre otras consideraciones, a que no se puede obligar al IPROSS a efectuar prestaciones que exceden su capacidad presupuestaria y que “no se da la razón de urgencia que habilite la vía del amparo y que existen vías alternativas”.

Finalmente, la procuradora Piccinini adelantó que debe prosperar lo peticionado en términos de amparo/mandamus y refirió otro caso admitido por el STJ, señalando que se está “ante la vulneración del derecho a la salud de la amparista y al rehusamiento del Instituto Provincial de otorgar cobertura a la prestación que se demanda; so pretexto de no encontrarse comprendida la dolencia y la consiguiente prestación en el nomenclador”.

“Resulta insoslayable destacar que para resolver el caso (...) deberá tenerse primordialmente en consideración las garantías constitucionales y supranacionales, la doctrina y los múltiples antecedentes jurisprudenciales por los que se han reconocido el derecho a acceder a los tratamientos de fertilidad asistida y la obligación de las obras sociales de dar tal prestación a sus afiliada/os, como así también a las especiales circunstancias por la que ha atravesado la afiliada junto a su esposo, a fin de lograr acceder al derecho a formar una familia, sus condiciones particulares, como la edad, que hacen que dicha posibilidad se vea cada vez mas lejana”, agregó la procuradora.

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