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Ordenan trasladar a Freydoz a clínica privada porteña

Fue luego de que se conociera la imputación de más de 60 empleados del hospital cipoleño por su intento de suicidio.

El gobernador Weretilneck criticó duramente al fiscal Cid y aseguró que "no tiene ni idea de lo que tiene que hacer”.
 
La Cámara Primera de General Roca resolvió ayer el traslado de Susana Freydoz a una clínica privada de Buenos Aires, luego de que se conociera que más de 60 empleados del hospital de Cipolletti quedaron imputados en la causa por su intento de suicidio.   
Según trascendió, la resolución se habría producido a partir de una solicitud del Sistema Penitenciario provincial, que habría manifestado no estar en condiciones de albergar  en ninguna de sus cárceles a la condenada a 18 años de prisión por el asesinato de su marido, el ex gobernador Carlos Soria, ocurrido en la madrugada del 1 de enero del año pasado.
Freydoz está alojada en el área de Salud Mental del hospital Pedro Moguillansky desde semanas después del homicidio. El 11 de abril pasado, al enterarse de que la Justicia había resuelto que debía cumplir la pena en una cárcel común, prentendió quitarse la vida.
Hasta anoche, no se sabía a ciencia cierta en qué momento sería trasladada.
 
"Locura"
Ayer, tras hacerse pública la masiva imputación de Oscar Cid, el gobernador Alberto Weretilneck opinó que “el fiscal no tiene ni idea de lo que tiene que hacer” y reivindicó la labor del personal.
Recalcó que no es un buen momento para una decisión judicial de estas características ya que la institución se encuentra en situación de emergencia.
En este sentido, el mandatario expresó su malestar y repudió el accionar del funcionario judicial. “Estoy realmente sorprendido, indignado, molesto y no sé qué calificación poner a esta actitud del fiscal Cid de pretender involucrar a prácticamente todo el hospital de Cipolletti”, sostuvo, en declaraciones a LU19.
Además, comentó que no se puede manchar la trayectoria de un profesional.
En este contexto, Weretilneck agregó que Freydoz “está a disposición de la Justicia, no del hospital, todo lo que sucede en torno a la señora es responsabilidad del Poder Judicial. La verdad que me da indignación que algunos funcionarios judiciales, para quedar bien, vaya a saber con quién, pretendan usar de chivo expiatorio a trabajadores que lo único que han hecho es cumplir con su tarea y de una manera brillante”.
Dijo que espera que la jueza Sonia Martín pueda revertir esta “locura de imputaciones” y solicitó que la magistrada se concentre en la investigación. 
De inmediato, el presidente subrogante del STJ, Sergio Barotto le contestó al afirmar: “Me veo en la obligación, nuevamente, de sugerir al gobernador que las opiniones que le merezca el funcionamiento de este Poder del Estado lo sean bajo las premisas del desapasionamiento; la previa información objetiva y del respeto irrestricto a la división republicana de poderes de base constitucional, las cuales no han sido ponderadas”.
 
Malestar del personal
En medio de esta polémica, los profesionales del hospital implicados en la causa no dejan de expresar su bronca y malestar por la situación. Aseguran que ya es insostenible la estadía de Freydoz en la institución y que “nadie quiera atenderla” ante esta ola de acusaciones. 
Además, afirman que la presencia de la condenada por el crimen de Soria “sólo ha causado problemas” a los empleados.

Para Milesi, Cid sobreactúa "porque la detenida lleva el apellido Soria"

"Tira un manto de sospecha sobre gran parte del personal, lo cual resulta inaceptable", dijo la legisladora provincial, muy molesta.
 
La legisladora provincial cipoleña Marta Milesi también realizó durísimos cuestionamientos sobre el accionar del fiscal Oscar Cid al asegurar que el funcionario judicial “está sobreactuando porque la detenida lleva el apellido Soria”.
La dirigente del radicalismo se mostró muy molesta por la imputación que recayó sobre más de 60 empleados del hospital bajo la investigación penal luego del intento de suicidio de la viuda de Carlos Soria.
“El fiscal, con su accionar errático, demuestra que no sabe por dónde empezar a investigar y tira un manto de sospecha sobre gran parte del personal, lo cual resulta inaceptable. La decisión es más política que judicial”, consideró.
Y agregó: “No he notado que el fiscal haya adoptado decisiones similares, ni siquiera en casos donde por denuncias de mala praxis se haya provocado la muerte de una persona”.
Milesi concluyó: “Los médicos se excusan de atender a la paciente porque están siendo investigados por un presunto caso de mala praxis, lo que representa no sólo una presión a los profesionales de la salud sino que además genera un clima hostil y poco habitual para un hospital público que debe dar respuesta y atender a toda la ciudadanía por igual sin diferencia por portación de apellido”.

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