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Ocupantes apelarán el lunes contra desalojo

En Barrio Obrero A recurrirán la sentencia de la Justicia y pedirán que intervenga el Estado.

Los habitantes de la toma Barrio Obrero A presentarán el lunes su apelación al fallo de la Justicia local que ordenó el desalojo de las tierras que vienen ocupando. Aquel día vence el plazo para elevar el recurso, pero desde el asentamiento se aseguró que el paso judicial será cumplido en término.
La Cámara de Apelaciones de Cipolletti, integrada por los jueces Edgardo Albrieu, Alfredo Pozo y Jorge Douglas Price, emitió su dictamen el 30 de mayo pasado. Respondió así en forma favorable al planteo formulado por el propietario del inmueble usurpado, Carlos Romero, que reclamaba la restitución de su bien.
Lilia Calderón, referente de la toma, manifestó que su sector fue notificado de la resolución recién el viernes 15 y a partir de entonces empezaron a correr los plazos para la presentación de la apelación respectiva.
Indicó que se tenía previsto efectuar la elevación ayer pero por cuestiones que debía tratar en forma imperiosa la abogada de los pobladores, Ana Calafat, se decidió postergarla hasta el lunes.
“Nadie debe preocuparse, la presentación la vamos a hacer”, afirmó la dirigente, quien indicó que en estos días los participantes del asentamiento han debido resolver, además, diversos derivados de las inclemencias climáticas. El viento y el frío han mantenido muy atareados a los habitantes, que no tienen acceso a la red de gas natural. Sin descuidar los temas legales, también deben afrontar las necesidades que surgen de la vida cotidiana.
Los ocupantes incluirán en su apelación el pedido de que se convoque a participar en las definiciones sobre el suelo y la vivienda a representantes de los Estados nacional, provincial y municipal. Este punto se hará en consonancia con lo pautado en el mismo fallo de la Cámara, en el que se plantea la necesidad de dar las respuestas sociales necesarias a los problemas habitacionales de los pobladores.
En la toma Barrio Obrero A habitan más de 460 familias, lo que la convierte en el asentamiento irregular más grande de Cipolletti. Su eventual desalojo, y más si es realizado por métodos violentos, podría derivar en circunstancias de gran alcance y consecuencias indeseadas por todos.
Para consolidar su posición contraria a abandonar el lugar y partidaria de pagar en cuotas los millones que reclama el propietario para venderles, los dirigentes del lugar han tomado contacto ya con la Comisión Nacional de Tierras, que se ha comprometido a colaborar en la búsqueda de la mejor solución para los habitantes.

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