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Nota de Saiz a la Defensora del Pueblo por declaraciones periodísticas

En la misiva el titular del Ejecutivo provincial confirmó que dio precisas instrucciones a la Fiscalía de Estado para que se haga parte y promueva querellas en todos los procesos penales en los que esté comprometido el patrimonio y/o la conducta de funci

Cipolletti.- El Gobernador de la Provincia, Miguel Saiz envió en la fecha una nota a la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini en respuesta a declaraciones periodísticas que la nombrada realizara en diferentes medios periodísticos.
En la misiva el Saiz confirma que dio precisas instrucciones a la Fiscalía de Estado para que se haga parte y  promueva querellas en todos los procesos penales en los que esté comprometido el patrimonio y/o la conducta de funcionarios, empleados y en general agentes del estado Provincial. Frente a varios casos puntuales, esas instrucciones abarcan a todos los trámites de esas características, sin distinguir a las personas imputadas o presuntamente vinculadas y pertenecientes a cualquier otro Poder u Organismo del Estado.
Agrega “Que dichas instrucciones pueden ser dadas verbalmente, a los fines de implementar acciones, estrategias o decisiones propias de este Poder Ejecutivo.- La norma distingue entre instrucciones en general, decretos y reglamentos.”
“He advertido –dice la nota- que en el Diario Río Negro, según publicación de fecha 10 de septiembre de 2009, pag. 14 Ud. habría manifestado: 1) “Ahora el Fiscal de estado se presenta en esta causa como querellante, después de siete años. Me parece bien pero también deberían haberlo instruido para que haga lo mismo en la causa de Flavors…”, 2) En esta causa el Gobernador no lo instruyó al Fiscal de Estado para que se presente como querellante..” 3) Lo único que han intentado es ensuciarme a mi y a mi familia”, 4) “Tendrán que responder con sus bienes y penalmente por estos agravios…y el propio Gobernador porque quiero ver los fundamentos del decreto en donde me nombra”.
Manifestaciones coincidentes contiene el Diario Noticias de la Costa, misma fecha y página 2.-
Agrega la nota de Saiz que “Señalo que la presente no tiene como propósito abrir un debate al que desde ya este Poder Ejecutivo no se presta, ya que los actos legales, legítimos y amparados constitucionalmente, adoptados en el seno de su absoluta e indelegable competencia, no se abren a su opinión ni se analizan en mancomún con esa defensoría.”
Manifiesta el Gobernador “Su profundo desagrado por esta intromisión de Ud. referida a instrucciones específicas, de carácter general y vinculadas precisamente con la irrestricta defensa de los intereses institucionales, patrimoniales y legales de la Provincia, adoptadas dentro de los criterios de oportunidad y contenido que me están reservados.-
Mas adelante se agrega “Que como órgano de control externo (Art. 167 CP y L. Orgánica DP) esa Defensoría carece de facultades para indicar conformidad o desacuerdo formal para con actos de ejercicio de las funciones  exclusivas del Poder Ejecutivo y mucho menos para indicar el eventual error o deficiencia de esas instrucciones. Admitirlo sería tanto como declinar frente a Ud. atribuciones constitucionalmente regladas con evidente exceso de su parte y manifiesta in admisibilidad institucional.”
En otro párrafo se manifiesta “Que la concreta alusión a que mis instrucciones tienen un deliberado propósito de “ensuciar” a Ud. y su familia, carece en absoluto de veracidad, al igual que tales instrucciones se hayan limitado a un expediente cuando precisamente como aclaró el Sr. Fiscal de Estado, fueron dadas con carácter general para todos los expedientes judiciales en los que se controviertan intereses patrimoniales del Estado.”
“Resulta asimismo inadmisible personal e institucionalmente que Ud. amenace anticipadamente con acciones penales en mi contra de las que resultaría adicionalmente afectado mi patrimonio personal. Estamos analizando la configuración del tipo penal de “amenaza” con claro propósito de “alarmar o amedrentar” y con el objetivo final de “obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. (Art. 149 bis del C. Penal). Asimismo la posibilidad de incumplimiento de los deberes de funcionario público y tipos penales vinculados a ambos supuestos.”
“Simultáneamente y frente a la gravedad institucional que obviamente resulta de estas imputaciones, examinamos las alternativas constitucionales e institucionales que resulte posible implementar legalmente para esta situación.
Finalmente la nota que además suscriben el Secretario General de la Gobernación y el Fiscal de Estado dice “Por todo lo dicho rechazo formal y terminantemente sus manifestaciones, advertencias o imputaciones, por falsas y carentes de seriedad. Sepa Ud. que asumo las responsabilidades emergentes de mi cargo y de las decisiones que adopto a diario como consecuencia del ejercicio de mis funciones. Asuma Ud. las propias ya que dentro del estricto marco de la ley este Poder Ejecutivo sabrá a que atenerse y como proceder.
“Sepa Ud. acotar sus apreciaciones personales, institucionales y mediáticas a las funciones que tiene regladas, sin pretender avanzar lesionando el sistema de equilibrio y distribución de facultades y funciones propio del régimen democrático que nos rige. Llegado el caso, actúe como lo crea Ud. conveniente, promueva las denuncias a que se considera con derecho, pero respete los caminos de la ley y de la estructura constitucional sin anticipar periodísticamente acciones futuras y desconocidas, que lesionan el sistema y el buen nombre y honor de quienes seguramente sabrán también hacer valer sus derechos.

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