"Nos cuesta entender tanta impunidad"
Desde el año 2005 aproximadamente, los trabajadores venimos denunciando, principalmente, el estado de precariedad con el que el Ministerio de Familia da ingreso y mantiene a una gran cantidad de trabajadores, bajo un sistema de “Becas de Capacitación” o Decreto 115, cobrando, actualmente, sueldos de $1.200 por mes, significando un salario paupérrimo y no acorde a los servicios que sé contraprestan.
Frente a esta situación, hemos realizado diversos reclamos en forma permanente, con el objetivo de que las autoridades del Gobierno hagan eco de los mismos, buscando mejorar las condiciones laborales, con un mayor presupuesto para la aplicación y ejecución de políticas sociales que permitan dar una respuesta más profunda ante la situaciones de vulnerabilidad con las cuales intervenimos. Y la respuesta histórica recibida es “No hay plata”.
Sumado a la extrema precariedad laboral, las delegaciones se hallan desprovistas de los recursos necesarios para hacer frente a la realidad social, ejemplo de esto es la entrega de tickets alimentarios a las familias en situación de pobreza, por un valor de tan solo $50, lo cual constituye una miseria vergonzosa.
Por otro lado, tampoco contamos con insumos básicos, como lo es el teléfono durante todo el mes, lo que implica que los propios trabajadores deban costear algunas de las comunicaciones indispensables para la óptima realización de la tarea diaria. No se cuenta con la movilidad permanente para trasladarse a las zonas más alejadas, debiendo abordarse cada una de estas situaciones una vez por mes en algunas oportunidades.
Frente a este histórico paisaje, de precariedad, desidia, miseria y abandono, aparece hoy, ante la opinión pública, la información de que los funcionarios de este Gobierno, desde hace más de siete años que vienen percibiendo sobresueldos millonarios, sumas que van desde los 200 mil pesos mensuales a los 30 mil pesos. Es decir, mientras un trabajador de nuestro ministerio percibe un salario mensual de $1.200, con lo cual tiene que tratar de sobrevivir y una familia, a la cual se la asiste desde las políticas sociales, recibe en tikets para alimentos $50 (cincuenta pesos), cada dos meses, (para citar dos ejemplos), un funcionario, (que no funciona) se lleva para su bolsillo y para su familia 200 mil pesos por mes, (más otras regalías). (Señor lector, multiplíquelo por los siete años por favor).
La verdad que nos cuesta entender tanta impunidad, tanta deshumanización. La Justicia que mira y no ve, persigue y condena diariamente a ladrones de gallinas y a estos señores chorros, que dicen ser los representantes del pueblo, los apañan, los protegen. Pero no es de asombrarse, ya que como dice un viejo dicho “entre bomberos, no se van a pisar la manguera”.
Estos son los “señores” a los que hay que encarcelar y exigirles que devuelvan todo lo que robaron al estado, al pueblo. Pero paradojalmente, tanto ellos, como sus familias se pasean impunemente por la vida, ostentando autos, y casas lujosas y todo el dinero, manchado de impunidad, pobreza y muerte.
Pareciera que en nuestra provincia pasan las cosas más atroces y la calesita sigue girando como si nada. Ojalá que algún día entendamos, que el Estado somos todos y que el Gobierno cumple una función social, que debe gobernar y administrar los recursos, del y para el pueblo y no para que 10 ó 15 familias Rionegrinas se enriquezcan descaradamente. “Cuando no recordamos los que nos pasa, nos puede suceder la misma historia, son esas mismas historias que nos marginan, nos matan las palabras, nos quitan las memorias...”. No hay peor ciego, que aquel que no quiere ver.
Firmado
Roque Pereyra
D.N.I. 18.574.223
Romina Gadano
D.N.I. 29.212.515
Walter Sepúlveda
D.N.I. 29.287.862
Natalia Ibarra
D.N.I. 29.458.165
Darío Ottonello
D.N.I. 30.395.035
Mora Gustavo
D.N.I. 21.386.571
Ibarguen Maria V.
D.N.I. 24.392.855
Leonardo Minor
D.N.I. 28.046.369
Albina Sierna
D.N.I. 29.583.434
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