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Mendioroz ratificó a Piccinini que hay “aprietes” por la reforma constitucional

El vicegobernador dijo a la defensora del Pueblo que “no hay ninguna duda que circulan en las oficinas públicas planillas solicitando adhesión a un proyecto de reforma constitucional”.

Cipolletti.- El vicegobernador  Bautista Mendioroz ratificó que ha existido “aprietes” a empleados públicos para que firmen una planilla de apoyo a la reforma constitucional. El titular de la Legislatura respondió de esta manera la  nota enviada por la defensora del Pueblo, Ana Piccinini,  que le consultó sobre las denuncias públicas  realizadas en ese sentido, publicó la agencia de noticias ADN.
Mendioroz  dijo a la defensora del Pueblo  que “no hay ninguna duda que circulan en las oficinas públicas planillas solicitando adhesión a un proyecto de reforma constitucional. Las mismas son entregadas para la firma por sus superiores jerárquicos a los agentes de planta permanente y contratados de la mayoría de las dependencias de la administración pública provincial en Viedma y en el interior de la provincia en lugar y horario de trabajo”.
“Esta situación es “vox populi” en todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo”, agregó.
El vicegobernador  consignó en su nota que “las declaraciones públicas del secretario de Coordinación, Aníbal Hernández donde afirma que dicha iniciativa corresponde a un grupo de funcionarios del Gobierno provincial autodenominado “Grupo Residencia”, son un reconocimiento evidente del accionar descripto. A confesión de parte, relevo de prueba”.
“Dicho sector, como es público y notorio, lo integran el secretario general de la Gobernación, Francisco González, el secretario de Coordinación, Aníbal Hernández, el ministro de Turismo, Omar Contreras, el secretario de Obras Públicas, Osvaldo Mildenberger, el secretario legislativo Hugo Medina, la ministra de Salud, Cristina Uria, entre otros. Los mismos, en función de lo declarado por el calificado vocero del sector, estarían haciendo firmar las adhesiones a la reforma constitucional”, aseveró.
En otro párrafo de la respuesta de Mendioroz consignó que “me referí a que tal metodología implicaba en lenguaje llano “apriete” a los trabajadores, porque está claro que cuando los superiores jerárquicos de empleados que se desempeñan en el ámbito de la administración pública solicitan, en horario y lugar de trabajo, la adhesión de sus subordinados a una iniciativa político partidaria, se produce inevitablemente una coerción sobre la voluntad del trabajador y su “presunto” apoyo a la iniciativa deja de ser válido”.
“Evidentemente, ningún empleado querría contradecir o enfrentarse con su jefe directo pues tal actitud, de un modo u otro, perjudicaría su posición en el sector en que se desempeña. Por ello, sostengo que tal modo de cooptar supuestas voluntades, no tiene nada de voluntario, ni de espontáneo. Mucho menos puede sostenerse que el proceso de adhesión es “de abajo hacia arriba” como se ha afirmado públicamente, pues el sentido es precisamente inverso”, sostuvo.
Consideró que “tales solicitudes de adhesión deberían producirse fuera del ámbito y horario de trabajo y no precisamente por los superiores jerárquicos de los trabajadores, con clara identificación de fines y propósitos”.
Mendioroz  ratificó que se trata de “aprietes” a los trabajadores y dijo que  había recibido múltiples denuncias de empleados públicos por distintos medios: mensaje de texto, correo electrónico y personalmente, pero que se reservaba  la identidad de los mismos a pedido de los propios empleados”.
Por último, Mendioroz sugirió a la defensora  que “consulte a los delegados gremiales, para que confirmen, o no, lo antedicho”

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