El clima en Cipolletti

icon
12° Temp
38% Hum
LMCipolletti

Más policías y apertura de la prisión

Se realizará la inauguración de la Unidad de Ejecución Penal de Cipolletti, con presencia de autoridades provinciales y policiales. Además, egresa una nueva camada de agentes.

Participarían el gobernador Saiz y el ministro de Gobierno, Larreguy, además de autoridades policiales y judiciales.
 
Tras varias postergaciones, por reformas y terminaciones internas que debieron ser modificadas, la cárcel de Cipolletti será inaugurada formalmente hoy. Además, la Policía realizará el acto de egreso de los aspirantes que cursan en la escuela de Agentes de la ciudad.
La unidad carcelaria fue construida en el extremo Norte del ejido cipoleño y comenzará a funcionar en forma gradual. Después de Navidad llegarían los primeros reclusos, y los traslados se efectuarán de a cinco reos por semana. Todos los internos, tendrán buena conducta o gozarán de beneficios de salidas transitorias. Esa condición, fue contrapuesta a planteos en torno a la seguridad del edificio que se escucharon desde el poder Judicial. Se estima que, incluso, por las observaciones de funcionarios judiciales, la unidad no funcionaría al tope de su capacidad para evitar conflictos.
Para el acto de apertura, se prevé la participación de funcionarios del gobierno provincial, encabezados por el propio gobernador Miguel Saiz. También se espera la participación del ministro de Gobierno, Diego Larreguy, y funcionarios del área de seguridad.
La actividad comenzará a las 10, en el penal local, e incluirá el acto por el egreso de unos 45 alumnos de la escuela de Policía de Cipolletti.

Opinión
Desafíos de la nueva cárcel

Hoy inaugura la nueva cárcel de Cipolletti y por lo tanto se plantea la inquietud de cómo será su funcionamiento. Si bien todavía existen ciudadanos que opinan “a los presos hay que matarlos a todos” o cosas por el estilo, la evolución cultural de todos nosotros como sociedad nos ha llevado a establecer en la Constitución que la pena de muerte debe estar abolida en nuestro país (artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). También la ley nos impone la tarea de procurar la readaptación del condenado para su reinclusión en la sociedad (artículo 18 de la Constitución Nacional; 23 de la Constitución Provincial; Ley 24.660 de la Nación y 3.008 de la provincia) por medio de tratamientos educativos, laborales, espirituales, etc.
Por ende, si nos proponemos hacer un análisis serio, hay que descartar de plano las ideas que significan un castigo extremo –equivalente a no tratar el tema- como la pena de muerte, castración, encierro de por vida. Necesitamos opciones que sean respetuosas de la Constitución Nacional y de las leyes de nuestra provincia.
Así pues, nos toca la tarea de pensar qué queremos de una cárcel. Dos puntos de vista son posibles: retribución: que los presos la pasen mal, que sufran la violencia y que tengan el máximo dolor posible dentro de la cárcel; o reinserción: buscar alternativas para que el preso cumpla la pena, pero que conserve la posibilidad de desarrollarse como persona, estudiar, habituarse a trabajar y mantenerse contenido por su familia. Tanto a nivel provincial como nacional hay ejemplos de las dos cárceles.
Entonces, más allá del impulso inmediato de quienes alguna vez nos indignamos cuando nos tocó ser víctimas de un delito, si apuntamos a crear una estrategia responsable y de largo plazo, podemos preguntarnos ¿Qué pasa cuando los condenados sufren violencia, vejaciones, dolor cotidiano, estrés permanente,? ¿Quién sufre las consecuencias de lo que sucede en la cárcel?
Hubo un tiempo donde los detenidos se consideraban compañeros y se ayudaban. La cultura carcelaria fue cambiando y actualmente es común conocer casos donde los presos se pelean con cuchillos, donde algunos no pueden dormir durante días por el temor a ser agredidos, donde la solidaridad no se practica.
¿Qué esperamos de esa persona cuando salga? ¿Qué aprendió? ¿Podrá trabajar o  tener respeto por los demás? O sería más lógico esperar que apenas salga replique esas conductas, que luego se generen nuevas víctimas en la ciudad, y así siga creciendo la bola de nieve de la violencia.
Cuando un preso salga y cometa un nuevo delito, nos vamos a mirar entre todos para ver de quién es la culpa. Nos esforzaremos buscando un responsable, en lugar de gastar la energía (y el presupuesto) procurando que ninguna persona pueda decir “tuve que salir a robar porque no tenía trabajo”.
Se ha estimado que la cárcel de Senillosa requerirá de 5.000 pesos por mes por cada detenido. Más temprano o más tarde tendremos que detectar rápido los casos de las personas que están comenzando el camino que termina en la cárcel, de modo que pueden ser incluidas (estudiando o trabajando) antes de caer presos. De ese modo se evitará el dolor de las víctimas, bajando el índice de delitos cometidos y ahorrando parte del presupuesto carcelario. Si no podemos evitar que una persona ingrese a la cárcel, debemos procurar que todo el tiempo de prisión sirva para algo, y para ello podemos analizar: ¿Qué ha pasado en los lugares donde se ha procurado que los presos trabajen, estudien y hagan actividades?, ¿Cuál fue el resultado en la provincia o en el país cuando implementaron estas herramientas?
¿Cuántos presos obtuvieron su libertad y no volvieron a delinquir en cada cárcel? ¿Cuál es el índice de reinserción (y reincidencia) de aquellos que cumplieron su prisión en una cárcel donde de verdad se ha procurado cumplir con el objetivo “reinserción”?
Las posibilidades del detenido que obtiene la libertad son dos: reinserción (trabajando o estudiando) o reincidencia.
Si no le damos al preso herramientas culturales que le permitan trabajar y ayudar a su familia, ¿qué hará cuando recupere su libertad? Ojalá a través de la educación podamos enseñar a cada detenido cuál es el pacto social y a través del trabajo cada liberado pueda decir “esto me lo gané yo”.
Además de predicar el “no a la violencia”, tenemos como desafío de llevar a cabo acciones concretas que nos permitan soñar con una ciudad donde haya cada vez menos personas excluidas y por ende más seguridad para todos. El detenido está excluido de la sociedad y las leyes nos imponen incluirlo nuevamente (resocialización). ¿Quién gana y quién pierde con la resocialización? ¿Quién gana y quién pierde con la retribución? ¿Podemos construir a partir del paradigma “ganar-ganar”? Tal vez cuando gana el preso, ganamos todos; y si se pierde el preso, perdemos todos. Para lograr que la cárcel de Cipolletti “sea sana y limpia, para seguridad y no para castigo de los presos” (artículo 18 de la Constitución Nacional desde 1853) tenemos que trabajar en conjunto entre las instituciones y los ciudadanos. Puede ser que entre todos podamos lograr la reinserción.
Al tomar este camino harán falta docentes en la cárcel, psicólogos, médicos, asistentes sociales, maestros de oficios, personas que diseñen y lleven a cabo actividades de capacitación, culturales, deportivas y religiosas, así como gente que haga donaciones de elementos para reciclar de modo que aunque sea un preso más, tenga trabajo. Hace falta gente dispuesta a colaborar para generar una cultura de trabajo y de respeto al otro.
Y además hace falta un presupuesto carcelario que asegure lo mínimo (comida digna y salud para el detenido). Aunque también se puede elegir el camino de tener a los presos comiendo sopa, sin abrigo, sin médico, sufriendo necesidades y agresiones, sin nada que hacer con su tiempo.
La perspectiva en Cipolletti es alentadora porque existe una meta: convivir en paz. Hay instituciones (Comunidades Vulnerables, Justicia Penal, Policía, Servicio Penitenciario, Promoción Familiar, Patronato de Liberados, instituciones educativas y religiosas, Salud Pública) que ya están trabajando en esa dirección. Antes de la cárcel, ya sea acompañando a quienes se están quedando excluidos, dándoles educación, una profesión, trabajo, asistencia espiritual, sentencias justas, trato digno, tratamientos médicos y psicológicos.
En la realidad, se apunta a un trato digno y a generar opciones para que los presos puedan desarrollarse trabajando o capacitándose. Estos objetivos son un deber que nos imponen la Constitución y las leyes.
Siempre se puede mejorar más. Midiendo los resultados año a año, se podrá ver el fruto de la gestión en red interinstitucional donde existe un objetivo común: incluir.
 
Juan Pablo Piombo,
Especialista en Derecho Penal.

¿Qué te pareció esta noticia?

0% Me interesa
0% Me gusta
0% Me da igual
0% Me aburre
0% Me indigna

Dejá tu comentario