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Los ocupantes exigen regularizar sus tierras y reclaman el retiro de la Policía

La nueva toma se llama Awka Liwen. Sus integrantes y entidades que los apoyan piden que Baratti medie con el propietario del inmueble.

El nuevo asentamiento irregular ubicado al sur de la Ruta 22, a la vera de calle Lisandro de la Torre, ya tiene nombre –se llama Awka Liwen- y recibió el respaldo de distintas organizaciones sociales. Los ocupantes, además, decidieron en forma unánime permanecer en las tierras usurpadas y exigieron el retiro de los efectivos policiales que todavía vigilan las inmediaciones.
Todo indica que los protagonistas de la toma no abandonarán el predio de Zoppi del que se apoderaron el domingo pasado. Más aun, tienen la intención de empezar a construir sus hogares en cuanto puedan contar con los materiales para hacerlo.
El martes por la tarde, los habitantes y un grupo de entidades se reunieron para hacer conocer sus planteos y aclarar su postura de cara a toda la comunidad. Participaron referentes del Frente Popular Darío Santillán, Vientos del Sur, MTD Santillán, Fragua Alto Valle, Colectivo Fiske Menuco, El Andén, La Brecha, Activar, los universitarios del FEI, el Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias, docentes e investigadores de la Universidad del Comahue, Agarrate, Foro por la Tierra y la Vivienda Digna y vecinos de Los Sauces y de otros puntos de la ciudad.
 
Tiempo estipulado
En un documento hecho público ayer, se rechaza la propuesta oficial del Municipio para que se trasladen al Distrito Vecinal del Noreste, puesto que no hay “un tiempo estipulado” para concretar la iniciativa y porque aquél lugar “anteriormente funcionó como un basural”.
La “futurología” que plantea el gobierno municipal “no está cerca de llamarse oferta porque está lejos de nuestra necesidad inmediata”, se enfatiza.
Ante esta situación, se comunica “la decisión unánime de permanencia en el lugar donde nos encontramos” y se hace manifiesta “la intención y necesidad de regularizar nuestra situación con respecto a estas tierras”.
Para ello, se propone “como figura de mediador al intendente Abel Baratti, de la misma línea política que el gobernador provincial Alberto Weretilneck” para “un primer diálogo con el propietario de las parcelas 03-1-J-358-01-02-03-04, propiedad de Zoppi Hnos. SA”.
 
Órdenes y efectivos
Además, en el texto se exige que “de forma inmediata se retiren los efectivos policiales que nos rodean, teniendo en cuenta que en ningún momento se nos notificó por escrito las órdenes dictaminadas por la jueza Sonia Martín”, a las que “se remiten continuamente los policías, a los que les exigimos explicaciones de su accionar y se niegan sistemáticamente, actuando fuera del procedimiento estipulado” por el decreto provincial 649, de la actual administración rionegrina.
Los ocupantes hacen responsables al intendente Baratti, al gobernador Weretilneck y a la jueza Martín por "cualquier hecho represivo o por cualquier enfermedad que pudiéramos sufrir los habitantes del lugar, al estar expuestos a condiciones de precariedad debido a la imposibilidad de ingresar elementos para protegernos de las condiciones climáticas, vulnerando derechos integrales de cada una de las personas, y particularmente de los niños y niñas asentados”.
Por último, reclaman que no se criminalice la pobreza y la protesta social.

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