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Las whiskerías serán prohibidas en Río Negro

La Legislatura sancionó por unanimidad una norma para luchar contra la trata de personas.

El Poder Legislativo provincial dio respuesta a un viejo reclamo de organismos de Derechos Humanos vinculados a la lucha contra la trata de personas en la provincia. Aprobó ayer la primera vuelta de la ley que impedirá la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y explotación bajo cualquier forma de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, casas de tolerancia, saunas y locales de alterne.
A su vez, se contempla la inmediata clausura y cierre definitivo de los locales que permitan que sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros, hayan aquellos prestado o no su consentimiento.
La medida fue largamente reclamada por organismos de Derechos Humanos y ya tenía antecedentes municipales como el de esta ciudad, que no otorga habilitaciones comerciales para ese tipo de locales. Además, en lo que va del año la comuna, junto a la Policía y el Poder Judicial ya realizaron tres allanamientos para clausurar "privados".
La ley, avalada en primera vuelta, incorpora modificaciones al Código de Faltas de la Provincia, entre ellas la sanción con arresto de hasta 60 días, no redimible por multa, para quienes violen esta prohibición.
La norma prevé que de realizarse procedimientos en los que se detecten personas ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria, se resguardarán de manera integral sus derechos. Cuando éstas no pudieren acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas, debiendo brindarle protección y contención.
 
Sin debate
El proyecto fue acompañado en forma unánime, aunque la oposición cuestionó el tratamiento sobre tablas y el “poco debate” que se le dio en comisiones.
La legisladora Susana Dieguez, autora de la iniciativa junto a Arabela Carreras, fundamentó la propuesta. Explicó que con esta la ley se está “dando el inicio de una discusión profunda y el puntapié para un cambio cultural”.
“Lo cultural no se soluciona con una ley, pero es algo”, señaló la legisladora. “Que hoy hagamos visible esta problemática de explotación sexual y de las complicidades políticas y policiales, ayuda a las víctimas”, consideró.
Carreras, por su parte, expresó que con esta ley se está “combatiendo el proxenetismo y la trata de personas”. Argumentó que el proyecto aborda “una de las formas contemporáneas de la esclavitud”.
Aclaró que la norma no avasalla las autonomías municipales porque se trata de una “norma superior”. Propuso a la iniciativa como “una herramienta que le sirva al Poder Ejecutivo para poder combatir esta actividad ilegal”.

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