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"Las reformas procesales son decisiones políticas"

Uno de los responsables de elaborar el proyecto que se analiza en la Legislatura rionegrina, el cipoleño Maximiliano Breide Obeid, valoró el empuje gubernamental a la iniciativa.

Por GUSTAVO ARROYO

La reforma del Código de Procesamiento Penal de Río Negro (CPP) se impone en la agenda del gobierno provincial y por ese motivo, ya se trabaja en distintos ámbitos sobre el tema. Uno de los cipoleños que participó en forma activa en la elaboración del proyecto que está bajo análisis de la Legislatura provincial es Maximiliano Breide Obeid, quien se encuentra ligado al Instituto Nacional de Estudios y Ciencias Penales (Inacip) y es capacitador en reformas penales del Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, una institución que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Convencido de la necesidad de los cambios, el joven abogado planteó que “lo que se intenta modificar es un paradigma” y rescató el fuerte compromiso del gobernador Alberto Weretilneck con la reforma propuesta.
A la hora de destacar los principales puntos de la iniciativa, indicó que será un sistema netamente oral y que los jueces deberán ajustar su trabajo a una agenda confeccionada por un área administrativa. No olvidó mencionar el rol fundamental de los fiscales y de la Policía judicial.
Puntualizó que habrá un fiscal general elegido tras la presentación de un plan de trabajo y que la selección será responsabilidad de intendentes, Organizaciones No Gubernamentales y legisladores, entre otras personas.
Finalmente y a diferencia del flamante CPP neuquino, Breide Obeid aclaró que se contempla el juicio por jurados para funcionarios por delitos contra la administración pública.
 
El Código Procesal Penal actual, ¿ya no sirve?
En realidad, el Código está agotado hace bastante tiempo porque contrasta y colisiona con la reforma constitucional que se hace a partir del ’94 y la incorporación de los tratados internacionales. Contrasta porque los tratados internacionales en materia de derechos humanos hablan del principio de imparcialidad, esto quiere decir que el juez debe ser ajeno a la situación que se somete a proceso o a juicio. Claramente el juez de instrucción, en la figura que hoy tenemos en la provincia, no es imparcial ni puede serlo porque él construye la propia hipótesis que después va a resolver. Si hay cierta imparcialidad en la etapa de juicio. Sumado a eso, claramente hay una confusión de roles que la señaló el Gobernador, lo llamó anacrónico al Código porque hay un fiscal que es un híbrido. Es un sistema que ya está agotado.

¿Se demoró demasiado la reforma del CPP?
Sancionar un nuevo código procesal es una decisión importantísima, pero no es la más trascendente. El Código es el que le da el marco al operador de sistema a trabajar con cierto sistema, le da las pautas, las formas, pero no es lo más importante de un proceso de reforma. Uno cuando habla de un proceso de reforma no habla de la reforma del Código nada más sino que es un proceso cultural. Acá lo que se intenta modificar son paradigmas. Por eso cuando se habla del sistema acusatorio, se simplifica: los fiscales van a investigar y los jueces van a estar un poco más apartados. Si fuera eso nada más, sería una reforma intrascendente, que es cambiar carteles y le pongo el cartel de fiscal al juez de instrucción y al juez de instrucción le pongo uno que diga juez de garantías pero sigue todo igual, no es un cambio trascendente eso, eso es un cambio de roles. En definitiva, no modifica nada, el sistema sigue siendo el mismo, escritural, una investigación nula, intrascendente, burocrática, ese es el sistema acusatorio entendido muy simplemente.

¿Y cómo se plantea el nuevo sistema?
El sistema acusatorio que incorporó Chubut y Neuquén, que el año pasado implementó La Pampa, son sistemas que no solamente cambian roles, sino que se reemplaza lo que es el expediente o sistema escritural por un sistema oral puro. Se reemplaza por un sistema de audiencias o sea, el juez no va a existir dentro de lo que es el esquema de un juzgado. Lo que se propone en este proyecto es una organización que funciona como colegio de jueces, es una estructura muy chica, que está integrada por jueces que tienen distintas funciones y se intercambian entre si. No vamos a encontrarlos sentados en su juzgado, es un juez que en la mañana controla la agenda, que no la fija él sino que la fija el jefe de la oficina judicial, que es una organización administrativa con empleados administrativos que se dedican a gestionar estas audiencias. Después, lo único que se va a fijar a la mañana el juez o le va a informar la oficina judicial es qué audiencias tiene y entonces va a llegar a las 7.30, le van a decir usted tiene una audiencia de control a las 9, tiene un juicio a las 10, tiene que resolver una apelación, es decir, cumple distintas funciones. Como es un sistema que se maneja con audiencias y no con expedientes, obviamente tiene una gran cantidad de audiencias por día.
 
¿Qué va a pasar con el juicio por jurados?
El año pasado, cuando esto se presentó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, todos estuvieron de acuerdo que había que ir al sistema acusatorio, nadie dijo que no, la gran resistencia fue el juicio por jurados. Hay muchas excusas, muchas son mitos y otras son la resistencia al cambio, que pasa en todos los sectores, no solamente en el poder judicial. El juicio por jurados es algo sumamente desconocido por los argentinos por más que lo tengamos en la Constitución. En el proyecto nuestro, está incorporado el juicio por delitos contra la administración pública, es el caso de los delitos de cohecho contra la administración pública en general por parte de funcionarios, está contemplado el juicio por jurados; en Neuquén, este aspecto se desechó.
 
¿Los cambios propuestos se concretarán en forma rápida?
Acá también está una de las falsas creencias: la implementación de los códigos procesales llevan años. En Neuquén se fijó dos años; La Pampa, que tiene un presupuesto mucho menor al de Río Negro, tardó como seis años después de varias prórrogas. En realidad hay pasos, primero la sanción de las leyes, después, el segundo paso y no menor es la capacitación, estamos hablando que pasamos de un sistema escritural a uno oral. A los abogados se nos prepara en las universidades para un sistema, entonces es todo un cambio cultural del abogado ya sea juez, fiscal, defensor o cualquier rol que le toque cumplir dentro de lo que es el sistema judicial.
 
¿Es necesaria la aprobación del CPP en un corto plazo de tiempo?
Es necesario avanzar inmediatamente en la sanción de las leyes, es necesario porque el Gobierno ha tomado un paso muy importante que es modificar el Código Procesal y eso es importantísimo porque las reformas procesales son decisiones políticas. Nosotros vemos con gran entusiasmo que el Gobernador lo ha anunciado así, él mismo le ha encomendado al Vicegobernador que convoque a las fuerzas vivas a opinar sobre este proyecto. Creemos que hay una firme intención del Gobernador en avanzar en este sentido, lo cual nos alegra mucho y no nos sorprende porque lo conocemos particularmente a Weretilneck, él siempre comulgó con esta idea de la persecución penal inteligente por parte de la Fiscalía y demás, sus críticas siempre estuvieron encaminadas en ese sentido, nos alegra porque ha asumido el compromiso.

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