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La Justicia no desalojará la nueva toma pero iniciará una causa a cada familia

El juez Gustavo Herrera explicó que no están dadas las condiciones para emplear la fuerza en el asentamiento 2 de Febrero. También manifestó la necesidad de que la sociedad cipoleña encare un profundo debate en torno a este fenómeno.

Miles de personas se instalaron en el predio ubicado frente al barrio Anai Mapu, entre quienes hay una gran cantidad de niños y mujeres embarazadas.
 
Son muchos los barrios cipoleños que comenzaron a formarse a partir de la toma ilegal de terrenos. Y este año esa situación ya se dio en dos oportunidades, a las que se debe sumar otra fallida gracias a la unión y compromiso asumido por un grupo de vecinos que impidieron la usurpación.
La más importante de las que lograron concretarse, debido a su magnitud, es la 2 de Febrero, que se encuentra ubicada sobre la calle Perón, frente al barrio Anai Mapu y que se inició hace una semana y media.
El juez Gustavo Herrera, titular del Juzgado de Isntrucción Nº 6, aseguró que han ido viendo la evolución día a día del nuevo asentamiento. En ese sentido, explicó que realizarán “una investigación lo más prolija posible, para tratar de identificar a cada familia y hacer un historial de cada una, para ver si tienen necesidad o no, ver si tienen algún otro terreno y van y toman ese en forma especulativa. Es algo que nos va a llevar mucho tiempo, pero es necesario”. Por cada grupo familiar instalado en el predio se comenzará una causa judicial, buscando encarrilar la situación formalmente a través de los sumarios.
A su vez, el magistrado sostuvo la imposibilidad de sacar a la gente del lugar, “ya que es mucha la cantidad de personas, con un elevado número de niños de muy baja edad y mujeres embarazadas, lo que hace que las condiciones no estén dadas para desalojar”. Al respecto, explicó que la negativa al empleo de la fuerza se fundamenta en un fallo del Superior Tribunal, “que dice que antes del desalojo hay que tomar medidas de atención a las familias".
 
“Dar el debate”
Ante este escenario, Herrera expresó la necesidad de que la sociedad de Cipolletti encare “un debate serio en torno a las tomas, porque el tema se escapa a lo que es estrictamente la Justicia Penal; es mucho más complejo, merece un debate profundo de toda la comunidad”.
Por último, indicó que “hay gente que necesita tierra, pero también hay especuladores, hay de todo; y la única forma de avanzar y buscar una solución a esta situación es que desde todos los sectores de la sociedad intentemos debatir y dar una solución a futuro, planificando un Cipolletti a 20 años”.
Asimismo, el juez negó conocer con exactitud la cantidad de personas que se encuentran instaladas en el lugar, pero admitió que podrían rondar las 1.500 familias. Mientras que hay estimaciones que indican que el último fin de semana habrían llegado a las 2 mil. En tanto, el magistrado reconoció que se tomaron lotes que se encontraban en producción. “Eso es un hecho distinto al que venía sucediendo hasta ahora, porque siempre se tomaban tierras improductivas”, comentó.

Para Baratti, la alternativa es el Distrito Vecinal Noreste
El intendente Abel Baratti, por su parte, realizó un exhaustivo análisis del fenómeno de tomas en la ciudad y aseguró que de ninguna manera avalarán la ilegalidad.
El jefe comunal dijo que en las primeras semanas del año la ciudad fue testigo de “un desmadre, que tiene que ver no sólo con la necesidad de cipoleños que quieren acceder a la tierra para tener una vivienda digna, sino también con especulaciones. Esto la gente lo tiene que saber. Sobre eso tenemos que trabajar muy fuerte”.
En ese sentido, remarcó que la situación de caos generó, a su vez, la llegada de vecinos de otras localidades.
Baratti lamentó la proliferación de asentamientos de este tipo, y recordó que “Cipolletti se ha caracterizado por ser una ciudad organizada desde lo urbanístico”.
También admitió que existen problemas reales de acceso a la tierra y a la casa propia, pero sostuvo que para solucionar ese déficit es que se está avanzando con el proyecto del Distrito Vecinal Noreste.
Asimismo, dijo que el dueño de las tierras “es un abogado de Neuquén, de apellido Urrutia, asimilado a un movimiento político de esa provincia, que quiere que se urbanice esa zona; su chacra sobre todo; esto no es un planteo sencillo y fácil, ya que no podemos estar urbanizando de acuerdo a las ganas que tenga cada propietario”. Además, reconoció que el titular de las tierras manifestó estar interesado en vender el predio, el cual se ubica, según manifestó el intendente, “en una zona productiva, donde no estaba previsto la construcción de viviendas”.
 
La ciudad del futuro
Baratti recordó que “actualmente existen casi 700 terrenos en el DVN para conformar cooperativas”.
Ante las quejas esgrimidas desde algunos sectores por la ubicación de la nueva barriada, el jefe comunal aseguró: “No estamos mandándolos a vivir a las lejanías. El Distrito Vecinal va a tener accesos asfaltados, va a contar con jardín de infantes, escuela primaria, colegio secundario, destacamento policial, va a ser una de las urbanizaciones más lindas de Cipolletti, porque va a tener todos los servicios”.
Por último el intendente explicó que “no todo el mundo puede vivir en el centro de la ciudad”, a la vez que vaticinó que “en el futuro va a ser un lugar hermoso para vivir el DVN”.

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