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La Defensoría del Pueblo recorrió las cárceles

“Si no podemos controlar la droga dentro de las cárceles difícilmente lo vamos a poder hacer fuera de ellas”, dijo la defensora Nadina Díaz.

Cipolletti.- Ante los reclamos de familiares de internos y del propio personal penitenciario de las distintas cárceles de la provincia, la Defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, ordenó a su equipo de asesores la inmediata recorrida por los establecimientos.

Del minucioso relevamiento realizado por funcionarios del organismo de control en el Penal 1 de Viedma, en el 3 de San Carlos de Bariloche, en el 2 de Gral. Roca, en Cipolletti y en la cárcel de Choele Choel, se pueden detallar las siguientes falencias:

Falta de capacitación profesional del personal penitenciario, quienes también carecen de uniformes identificatorios y de trabajo (sólo un pequeño porcentaje cuenta con ellos).
Tampoco poseen adecuado equipamiento de seguridad: no hay chalecos ni escudos protectores “antifacas” y existe una insuficiencia de cascos, municiones, esposas, etc.
Además, se advierten deficiencias en los sistemas de comunicación, tanto los que se utilizan para contacto interno (elemental para la seguridad del penal) como las líneas fijas para que los internos puedan comunicarse con los familiares y de esa manera erradicar los celulares.

Las cárceles de San Carlos de Bariloche, Choele Choel y General Roca se encuentran ampliamente superadas en su capacidad de internos lo cual representa una situación de hacinamiento de los internos que se encuentran alojados allí.

Las instalaciones edilicias de la Unidad Penal 3 de Bariloche se encuentran en muy mal estado, prácticamente inhabitables: se advierten goteras en todos los techos, problemas en las calderas, por lo que el frío y la humedad son permanentes. Si bien están previstas refacciones integrales que comenzarían en 30 días y que tendrían una duración de 10 meses, cabe preguntarse qué pasará durante todo el invierno con los internos.

Por otra parte los trabajadores de los penales manifiestan no contar con patrocinio legal. Ellos expresan que son permanentemente denunciados por los internos y que el defensor oficial no los asesora por lo que se ven obligados a contratar uno privado.
Es de destacar la ausencia de psiquiatras en algunas unidades. Esta situación afecta tanto a los trabajadores como a los internos.

Tampoco existe tratamiento terapéutico especializado para los internos que llegan con avanzados problemas de adicción. Esto provoca serios inconvenientes de conducta y situaciones que son imposibles de manejar en un ámbito en el que no está prevista la recuperación de personas con problemas psicológicos y psiquiátricos producto del consumo de drogas.

Además trae aparejado que, de manera permanente, se ingrese o se intente ingresar droga a las cárceles.

En este sentido, la Defensora del Pueblo manifestó encontrarse sorprendida ante la pública información acerca de la imposibilidad de controlar la entrada de droga en los establecimientos penitenciarios y se preguntó: “¿Si la droga no se puede controlar en los ámbitos de máxima seguridad de la provincia como son las cárceles, cómo podremos combatir este flagelo en los barrios más conflictivos de las ciudades rionegrinas?”.

Agregó que es “imperativa la necesidad de crear espacios específicos con profesionales e infraestructura para el tratamiento de los internos adictos a las drogas”.

Considerando que todo lo antes detallado afecta principalmente los derechos de los reclusos y de los trabajadores del ámbito penitenciario es que la Defensora del Pueblo solicitó un amplio y urgente informe a la Secretaría de Seguridad de la provincia sobre la situación actual del Servicio Penitenciario y las medidas previstas a implementar para mejorarlo.

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