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Juicio administrativo por 242.300 pesos

Es contra un ex funcionario judicial de Cipolletti, que habría permitido extraer los fondos.

Los vocales del Tribunal de Cuentas de Río Negro iniciaron juicio administrativo de responsabilidad contra un ex funcionario de la Justicia provincial, a quien se le imputan irregularidades en el libramiento de oficios en dependencias del Poder Judicial de Cipolletti y el cobro de dinero por parte de personas no autorizadas.
El ex jefe de despacho de la Cámara Laboral cipoleña, José Forno, fue procesado, además, por el delito de estafas reiteradas, en una sucesión de 40 hechos (ver aparte).
El juicio administrativo procura recuperar 242.366,39 pesos, que configuran el perjuicio económico que Forno causó a la hacienda estatal rionegrina
La resolución interlocutoria Nº 16, emitida el 28 de agosto por los vocales Daniel Bossero, Carlos Malaspina y Pedro Casariego, corre traslado de la misma al presunto responsable de las maniobras irregulares y lo emplaza para que dentro del término de 21 días conteste la imputación por sí o por intermedio de un apoderado y, además, ofrezca las correspondientes pruebas a su favor.

Investigación

Según las investigaciones, se estima que Forno habría utilizado sellos y firmas de personas autorizadas para permitir extracciones de dinero de cuentas bancarias estatales a terceros.
Entre los antecedentes del caso, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, solicitó la promoción de juicio administrativo de responsabilidad contra el referido empleado del poder Judicial de Río Negro para que se lo condene a ingresar la suma de 242.366,39 pesos «que es el importe del daño que le imputa haber causado con su accionar a la hacienda pública».
Las actuaciones se iniciaron por una derivación que efectuó la Fiscalía de Estado, en el año 2004, a través de la cual se puso en conocimiento la detección de irregularidades en el libramiento de oficios en dependencias judiciales de la ciudad de Cipolletti, que en su caso implicó el cobro de sumas correspondientes a las arcas públicas por parte de personas no autorizadas.
Según constancias oficiales, Forno cumplía funciones como jefe de despacho interino de la sala Civil de la Cámara Laboral, de Apelaciones y en lo Contencioso Administrativo y, según se puntualizó, habría prestado la colaboración necesaria para el libramiento de oficios de pago con sellos de funcionarios y oval del Tribunal a personas que no resultaban ser actoras ni beneficiarias en causas que tramitaban en esa sala y que cobraron en forma indebida. Así fue que se descubrió el accionar: un beneficiario no pudo recibir la suma de dinero que dictaminó la Justicia.
Se remarcó que por ese proceder, Forno fue procesado como presunto autor del delito de estafas reiteradas en grado de partícipe necesario.
Expuesta extensamente la base jurídica sobre la cual se enmarcó penalmente la conducta del mencionado agente judicial, se determinó que «los elementos reunidos en autos permiten tener por acreditado el hecho, la autoría y las consecuencias generadas».

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