Información clave, a través de escuchas

Con una decena de testigos citados, la segunda jornada del juicio oral contra Héctor Isaac Montecino y Sergio “Condorito” Dávila, además de otros 11 detenidos, parecía que se extendería tanto como la primera, pero tres personas no concurrieron y el aporte que brindaron algunos vecinos fue breve debido a que se limitaron a repasar el resultado de los allanamientos realizados el 28 de septiembre de 2012 en esta ciudad.
Como había sido solicitado un día antes, no estuvo presente en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de la ciudad de General Roca la imputada María Beatriz Gutiérrez, quien es diabética y sufre modificaciones en su presión en forma permanente. La mujer permanecerá en el penal de Neuquén durante el proceso y asistiría sólo a la última audiencia, cuando se conozca la sentencia.
Los abogados defensores volvieron a desplegar ayer su estrategia en relación a los graves cargos que enfrentan sus representados e hicieron hincapié en los métodos utilizados por los efectivos del Departamento Toxicomanía de la Policía neuquina para investigar a los detenidos. Tanto Gustavo Palmieri como Juan Luis Vincenty consultaron a los funcionarios policiales sobre el modo en que obtenían los números de teléfonos para luego llevar a cabo las escuchas. Esta es una de las pruebas fundamentales en la acusación y la requisitoria fiscal describe un sinnúmero de comunicaciones de los imputados.
El testigo que abrió la segunda audiencia programada por la Justicia Federal fue un estudiante de medicina, que presenció el allanamiento en la vivienda ubicada sobre calle Brasil al 700 de Cipolletti. Explicó que el procedimiento arrancó durante la madrugada y que duró un poco más de diez horas. Asimismo, confirmó que se halló marihuana debajo de un colchón y cocaína en un mueble.
Después fue el turno de un oficial ayudante de Toxicomanía, quien trabajó en el domicilio situado en Primeros Pobladores al 700 de esta ciudad. El policía precisó que se registraba en el sitio “un movimiento compatible con venta de sustancias: jóvenes que entraban y salían, se observaban movimientos tarde-noche”.
Interesado en la manera que llegaban a conocer los números de teléfonos de los imputados, Vincenty se encargó de preguntarle al oficial si era habitual entrevistar a las personas “que están siendo investigadas”. Al igual que otros funcionarios policiales, manifestó que se avanzaba en determinadas acciones si era útil a las pesquisas.
 
Una fácil decodificación
Una vez finalizado el interrogatorio al segundo testigo, fue convocado otro integrante de la fuerza policial neuquina, con grado de cabo primero, y que tuvo la responsabilidad de controlar las escuchas telefónicas. El funcionario fue muy claro en su descripción del método utilizado para rescatar conversaciones y a la vez, decodificar mensajes que se establecían entre Montecino y sus supuestos cómplices. “Cristián López obedecía las directivas de Héctor”, arrancó diciendo ante los jueces.
Luego, describió los apodos que se usaban en las charlas por teléfono y que tenían el aparente fin de no identificarse con nombres y apellidos reales. “Municipal”, “Zapalino”, “Barril”, “Pobladores” eran algunos de los nombres que lograban escucharse.
Más allá de que evidentemente los involucrados no desconocían que sus teléfonos se encontraban intervenidos, sus esfuerzos por comunicarse en clave no era marcados y “no era muy complicado” adivinar lo que sugerían, enfatizó el testigo.
Con atención, la fiscal Mónica Belenguer y el Tribunal presidido por el juez Armando Márquez no se dejaron de sorprender por los dichos del cabo que contó que “codificaban tanto que a veces se confundían, ellos mismos aclaraban en la conversación, no había que hacer demasiado esfuerzo”.
Por ejemplo, graficó que el apodo de “Carpintero” los desorientó en un primer momento porque “pensábamos que era una persona que estaba afuera”. Sin embargo, las escuchas permitieron determinar que se trataba de Dávila. El cabo relató que en una de las escuchas a Montecino se reveló que “van a venir los hijos del Carpintero a la Colonia (Penal de Roca)”. Frente a esta novedad, indicó el testigo, “se hicieron tareas de campo en la unidad de detención y fueron familiares de Dávila”.
En cuanto al imputado Jorge Ruperto Navarrete, el testigo lo señaló como “fiel colaborador de Montecino”. En este marco, el presunto líder de la banda “hacía contraintelingencia, que le daba tranquilidad para su negocio”, precisó el cabo de Toxicomanía, refiriéndose a que el cipoleño se comunicaba paralelamente con López y Navarrete y les preguntaba sobre el dinero recaudado.
 
La brecha explosiva
Tras el paso del tercer testigo, cerca del mediodía, se concretó un cuarto intermedio y en el regreso a la sala de audiencias ubicada en el primer piso del edificio roquense de la Justicia Federal, fue convocado otro integrante de Toxicomanía. En su caso, su aporte se circunscribió a la vigilancia que hizo en una de las propiedades allanadas.
La siguiente persona que se presentó ante el Tribunal fue el jefe de la Unidad Especial de Servicios Policiales (Uespo), comisario José Luis Flores. Este grupo de la fuerza de seguridad neuquina acompañó a los hombres de Toxicomanía en los procedimientos concretados en Cipolletti.
El funcionario se concentró en brindar precisiones sobre lo que se denomina “brecha explosiva” y que tiene el objetivo de entrar a una vivienda por sorpresa, evitando una posible reacción armada. “Era la única forma que podíamos entrar a la vivienda en forma rápida”, indicó.
La brecha explosiva fue usada en la casa de Brasil al 700 y Flores reconoció que “lo anecdótico, que el lugar de entrada fue bien elegido”. El jefe policial, de esta manera, comentó un acierto en el ingreso a la casa porque también tenían la posibilidad de destruir un portón de madera aunque detrás se ocultaba una pared.
Su experiencia al frente de la Uespo, un total de siete años, hizo que Flores ofreciera ayer un completo detalle de las brechas que se manejan a la hora de un procedimiento y enumeró tres métodos: “manual, balística y explosiva, es de acuerdo al peligro y la estructura; facilita el ingreso del escuadrón de asalto”.
Los testigos que cerraron el segundo día de debate oral fueron dos particulares, que por pedido de la Policía siguieron las alternativas de los allanamientos y firmaron las actas de secuestro.
Faltaron tres personas citadas y tanto la fiscalía como la defensa coincidieron en la necesidad de insistir en su presencia la semana que viene. El proceso se reanudará el lunes, con testigos propuestos por los defensores y personas que verificaron la actuación policial en los domicilios allanados.

Negocios inmobiliarios

En un registro telefónico, un colaborador contó que compraría un campo sin avisar a Montecino.
 
Una de las escuchas telefónicas realizadas al imputado Cristian Abel López y a un hombre oriundo de de General Roca, que fue imputado por encubrimiento, revela un audaz negocio en la compra de un campo de 1.000 hectáreas en la zona de Colonia El Cuy.
La operación comercial fue realizada el 2 de julio de 2012 y el supuesto testaferro del cipoleño Héctor Isaac Montecino habría pagado una suma cercana al medio millón de pesos, compuesta por dinero en efectivo y al menos tres vehículos usados.
Entusiasmado por el pingüe negocio, el roquense no dudó en señalar en una charla telefónica con López que “me parece que lo voy a comprar y después que vaya el Topo (Jorge Ruperto Navarrete) y vea el campo y que se vaya a la puta que lo parió, porque si espero que este (Montecino) me de el visto bueno voy a terminar perdiendo un negocio que es para él, que es un negocio excelente”.
Más adelante, insistió en que “me la voy a jugar y después que vaya el Topo y que vea”.