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Impulsan adoptar código de conducta de la ONU para policías y penitenciarios

El proyecto que se analizó es autoría de los legisladores Irma Haneck y Manuel Alberto Vázquez.

Cipolletti.- Representantes del Ministerio de Gobierno y de la Policía de Río Negro participaron hoy de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Río Negro. En el encuentro se analizó un proyecto de ley que impulsa la adaptación del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
En la reunión se coincidió en la necesidad de avanzar en la pronta implementación de este código, que es el adoptado por la ONU y la Argentina.
Del encuentro participaron el director general de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno, Alvaro Larreguy y su equipo de abogados; por la Policía estuvieron la directora general de Capacitación, Susana Martínez y el secretario general de la fuerza, Basilio Araneda, además de representantes de los bloques parlamentarios y asesores.
El proyecto que se analizó es autoría de los legisladores Irma Haneck y Manuel Alberto Vázquez y avanza en la adopción de este "Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley", que en 1979 fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas y en 1992 fue adoptado por el Estado Argentino a través de la Ley 24.059.
En el 2003, el Gobierno nacional estableció por decreto la incorporación de este código a los reglamentos de los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales, invitando a las provincias a adherir al mismo.
En el encuentro mantenido hoy en el seno de la comisión se coincidió en la necesidad de avanzar con este proyecto de ley para que se incorpore a la formación de los agentes de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial.
La iniciativa establece entre otras cuestiones, que este código se incluya en los programas de estudio, y que el personal que no cumpla con esta capacitación no pueda ser promovido a una jerarquía superior.
También fija que la transgresión del código será considerada una falta gravísima, conformes a las respectivas reglamentaciones policiales y penitenciarias.
La autoridad de aplicación, en caso de que prospere la iniciativa de ley, será el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad.

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