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Harán reclamos por más seguridad

La edil Uría impulsará una serie de gestiones para que los organismos pertinentes trabajen más en las 1.200 Viviendas.

Con extrema preocupación se encuetra la concejal (Concertación) Adriana Uría y su familia, tras los inquietantes hechos en que sus hijos fueron amenazados de muerte por un grupo de jóvenes exaltados, que los agredió de palabra y físicamente,  lo último principalmente a través de una lluvia de piedrazos.
Uría, junto con su esposo Miguel Uribe, hicieron una denuncia penal por los hechos y ahora aguardan respuestas y soluciones permanentes por parte de los distintos poderes del Estado que tienen que ver con la seguridad de la población.
La edil destacó ayer la actuación y el trabajo que viene desarrollando la unidad policial de las 1.200 Viviendas pero indicó que resulta necesario incrementar el patrullaje y la presencia policial por la zona.
Indicó también que impulsará el tratamiento de la problemática de la seguridad en el barrio en el Consejo de Seguridad y también buscará que la Justicia  y el Ejecutivo municipal presten la atención debida a lo que ocurre en el lugar.
Ella y su marido indicaron que también volverán a pedirle una reunión al asesor municipal en Seguridad, César Chao Monzón, a quien en el pasado le solicitaron un encuentro pero no tuvieron respuesta alguna.
Ambos fueron categóricos en que su reclamo no se reduce al episodio que los afecta, pese a la gravedad del mismo, sino que tienen interés en que las soluciones involucren a todos los problemas de inseguridad que existen en el populoso sector poblacional.
Uribe fue contundente al señalar que, hasta el momento, no ha existido una presencia concreta del Consejo de Seguridad en el barrio y dijo desconocer la forma en que esa organización se interioriza por las inquietudes de los vecinos.
Tal aserto lo corroboró la edil Uría, quien señaló que ni ella ni otros referentes del lugar, como la dirigente Antonia Osés de González, han sido consultados para avanzar en soluciones.
El matrimonio puso de relieve, por último, la necesidad de que la realidad de las 1.200 trascienda y tome estado público para que así se busquen y encuentren las soluciones necesarias y se imponga la ley y la tranquilidad en el lugar.

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