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El Municipio repudió las nuevas tomas y pidió a la Justicia el desalojo

El intendente Abel Baratti admitió que en la ciudad existe el déficit habitacional, pero aseguró que el DVN es un proyecto que busca soluciones en ese sentido, el cual permite a 2.800 familias la adquisición de terrenos.

En tanto, miles de vecinos continúan instalándose en los predios de la calle Perón, en un nuevo asentamiento que se consolida.
 
Desde la Municipalidad de Cipolletti repudiaron enérgicamente las tomas de terrenos producidas en la ciudad. Así lo sostuvo el intendente en un comunicado oficial que llevó también la rúbrica de su Gabinete, compuesto por secretarios, directores generales y el Concejo Deliberante en pleno.
Según especificaron, “hechos como los acaecidos vulneran la propiedad privada consagrada constitucionalmente, constituyendo actos delictuales realizados al margen del estado de derecho. En función a lo expuesto, reiteramos la firme posición de las autoridades locales de rechazar las ocupaciones irregulares de terrenos con la terminante oposición de sus legítimos propietarios”.
A su vez, desde la comuna admitieron que existe en la ciudad un acuciante problema en relación al déficit habitacional. En ese sentido, indicaron que lejos de desentenderse del tema, “resaltamos que la Municipalidad de Cipolletti sostiene desde hace varios años, políticas opcionales claras y concretas para otorgar soluciones habitacionales a sectores excluidos del mercado inmobiliario tradicional”.
Dentro de dicho marco, explicaron, “se inscribe el desarrollo del Distrito Vecinal Noreste, que permite la adquisición de terrenos para 2.800 familias de sectores de menores recursos”. En este punto, las autoridades aseguraron que los tomeros, “lejos de aceptar la conformación de cooperativas para su adquisición, se han negado sistemáticamente a acceder al sistema instrumentado, que no tiene otro fin que promover loteos sociales destinados a mejorar la vida de los vecinos de nuestra ciudad”.
Al respecto, algunos de los ocupantes manifestaron que la intención oficial es generar un “polo de la pobreza”, es decir, un sector donde amontonar a los que menos tienen, para separarlos de la ciudad y del resto de los ciudadanos de Cipolletti.
 
Al margen de la ley, nada
Luego de las ocupaciones del último fin de semana en la zona norte de la ciudad, el Municipio anunció que no prestará apoyo alguno a personas que actúen al margen de la ley, instando al Poder Judicial a accionar en forma rápida y oportuna ordenando el desalojo de las tierras, ante las denuncias de usurpación realizadas por los titulares dominiales de las mismas.
Esta resolución, además de la de Baratti, llevó las firmas del secretario de Gobierno, Darío Bravo, el secretario de Hacienda, Néstor Rinaldi, la secretaria de Acción Social, Patricia Fernández, el secretario de Servicios Públicos, Francisco Jáuregui, el secretario de Obras Públicas, Gustavo Rodríguez, el secretario de Fiscalización y Organización Interna, Néstor Curcio, el director general de Deportes, Carlos Fernández, el director de Cultura, Jorge Onofri, el titular del Área Prevención del Delito, Oscar Edorna, el primer vicepresidente a cargo del Concejo Deliberante, Juan Castro y los concejales Alejandro Goya Villagrán, Silvana Larralde, Valeria Fernández, María Alejandra González y Facundo Arraztoa.
 
Tomando color
Durante la jornada de ayer continuó avanzando la instalación de la toma sobre la calle Perón, frente al barrio Anai Mapu. Allí se encuentran instaladas, hasta el momento, cerca de mil familias.
Por estas horas se encuentran abocados al desmalezamiento y emparejamiento de los terrenos que ya fueron divididos. Desde la Justicia pidieron que por el momento se abstengan de ingresar materiales al predio, algo que aún no ocurrió, más allá de nylons y maderas. “Nosotros estamos trabajando acá para poder hacer con nuestras manos un lugar digno en el que podamos vivir, porque estamos en una situación de hacinamiento que no se puede más, por eso es tanta la gente que vino, porque el problema es real, existe, no somos cuatro gatos locos, somos miles de personas las que estamos acá”, remarcó uno de los tomeros.
La mayoría de los lotes subdivididos cuenta con un cartel en el que se indica el apellido de la familia que se instaló allí. La organización a pesar del caos inicial y del desborde ocasionado por el masivo ingreso de personas, es por estas horas bastante aceitada. Se trata de gente joven y en la mayoría de los casos con hijos pequeños.

Para la Justicia se trata de un delito

Así lo entiende el juez a cargo del caso, Gustavo Herrera, con relación a la usurpación de terrenos.
 Como ya lo hizo en otras oportunidades, el juez de Instrucción Gustavo Herrera intervino en forma activa en las charlas con los responsables de la toma de terrenos. En diálogo con este diario, confirmó ayer su participación en las reuniones y anticipó que se busca una solución.
El magistrado responsable del Juzgado de Instrucción Nº 6 de esta ciudad sigue de cerca el tema de las tomas y se ajusta a lo que marca la ley, considerando como delito la usurpación de terrenos. En otras causas abiertas por ocupaciones ilegales, procesó a varias personas y en la actualidad, las causas se encuentran en plena investigación.
Tampoco hay que descartar una posible orden de desalojo, aunque esta medida se utiliza en última instancia y en determinadas circunstancias.

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