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El ARI pide audiencia pública antes de actuar contra Caminos del Valle

Pretenden que se conozcan diversas opiniones y así evitar complicaciones posteriores.

Con algunas diferencias de apreciación, desde el ARI – Coalición Cívica de Cipolletti se sumaron a los reclamos por el fin del contrato de concesión del Corredor Vial 29, en manos de Caminos del Valle. Desde la fuerza que lidera Enzo Giacinti, «sugerimos que se realice una audiencia pública, convocada por el Municipio en los tiempos y formas que garanticen el debate y la participación de todos los vecinos y organizaciones interesadas antes de que se avance en cualquier sentido», según expresaron a través de un comunicado respecto de la posibilidad de avanzar en la búsqueda formal de la finalización del contrato que otorga a la firma el cobro de peajes en la zona de puentes carreteros.
Hace algunos días, legisladores provinciales y el intendente Alberto Weretilneck expresaron, por diversos motivos, que hay situaciones que ameritan la solicitud de la rescisión del contrato con la firma. Esta alternativa «puede abrir la posibilidad de nuevos negociados, de tal modo que quienes ganaron sumas millonarias indebidas con su privatización y renegociación, ganen nuevamente hoy, toda vez que sus enérgicos defensores de ayer, son los que hoy piden la rescisión abriendo las puertas a la indemnización», cuestionó el ARI-CC. Y agregaron que podría originar «además de nuevos y mayores costos y obligaciones para el Estado, como ser terminar con recursos propios, es decir de todos, las obras pendientes».
Por estas razones, «desde el ARI-CC estamos pidiendo que a los incumplimiento a los artículos 56 y 60 del Capítulo VII del contrato de concesión (incumplimientos graves) la extinción de la concesión, atento los graves incumplimientos del concesionario y que la recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación se haga efectiva», expresaron.
Giacinti recordó que «en el 2006 Eduardo Mondino además de la extinción de la concesión, solicitaba que teniendo en cuenta los ingresos recibidos en más por el concesionario durante el período analizado en la citada recomendación, dados los incumplimientos en las inversiones; como así también los ingresos provenientes de la compensación tarifaria, que como se observara no fueron traducidos en ejecución de obras; se entiende que tales montos percibidos en exceso por parte de la empresa en cuestión, deben ser restituidos y destinados a los usuarios mediante la concreción de obras a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad».

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