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Dudas y críticas por la reforma judicial

El Colegio de Abogados del Alto Valle cuestionó el proyecto del gobierno nacional.

Desde el Colegio de Abogados del Alto Valle expresaron sus dudas y cuestionaron el proyecto de reforma judicial que impulsa el gobierno nacional, que terminará de ser tratado esta semana por el Congreso.
“La descentralización y velocidad en la resolución de las causas judiciales no se logra con la mera sanción de una ley como la pretendida”, sostuvo Marcelo Lizzi, presidente de la asociación.
Y agregó que “esos objetivos necesariamente requieren de voluntad y decisión política dotando al Poder Judicial de un presupuesto acorde con el servicio de excelencia que se pretende obtener y se proclama con tanta vehemencia, caso contrario nos quedamos en manifestaciones voluntarias”.
En este sentido, Lizzi aseguró: “Acompañamos el concepto de una justicia más dinámica, nadie podría oponerse a ello, pero es justamente la forma de implementar ese dinamismo el que no puede quedar en una proclama dogmática que al poco tiempo de recorrerla frustre el objeto que se tuvo en miras al enunciarla”.
 
Sin cambios profundos
En tanto, el vicepresidente del colegio, Diego Vázquez, indicó que “para salir de la proclama y realizar una verdadera reforma del sistema, resulta necesario y sano un amplio debate”. Aseguró que “de lo contrario, se usará de excusa para un objetivo cortoplacista y en realidad nada va a cambiar en profundidad”.
“Nadie va a pensar que porque los electores de los jueces vayan en las boletas de los partidos políticos, la Justicia va a comenzar a funcionar más rápido y más eficientemente”, enfatizó.
A su vez, Lizzi afirmó que “muchos se llenan la boca hablando de los ciudadanos a pie, de los que están lejos o ajenos al servicio de justicia y de una Justicia lenta, pero en lugar de impulsar una ley de la cual poco o nada entienden, bien podrían haberse ocupado de gestionar la creación de juzgados federales más cerca de la gente”.
Al respecto, ejemplificó que un vecino de Catriel tiene que trasladarse casi 200 kilómetros para llegar al Juzgado Federal de su jurisdicción y cuando llega “ve que su expediente todavía se cose con hilo choricero”.
 
Transparencia
Las críticas al proyecto también recayeron sobre el concepto de “transparencia del poder judicial”.
Lizzi consideró que “no se entiende a qué se refiere, es un término amplio y confuso que permite varias lecturas”.
Explicó que “si se trata de la publicidad de las causas habría que consultar a cada ciudadano con historial judicial si creen conveniente que se publiquen sus asuntos y datos personales en algún portal ajeno a la esfera del Poder Judicial, o si se trata de falta de transparencia en el desempeño de algún funcionario debería trabajarse sobre las instituciones ya existentes destinadas a su juzgamiento”.
Por último, dijeron que no creen pertinente que los abogados aspirantes a integrar el Consejo de la Magistratura tengan que ir asociados a un partido político para ser electos en comicios generales.
Y concluyeron que “el proyecto en cuestión también es contrario al propio estandarte de sus impulsores que hablan de democratización de la justicia y dejan sin participación a los representantes de los funcionarios judiciales, a los catedráticos y a los abogados que son el nexo entre el ciudadano y el Poder Judicial”.

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