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¿Democratización o politización judicial?

Diez años atrás se suprimieron dos cargos para agilizar los procedimientos y hoy se crean doce, pretendiendo el mismo fin: irrisorio.

Por Diego Vázquez. (*)

El primer embate del kirchnerismo, recién iniciado su gobierno a mediados de 2003, fue justamente contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proponiendo que con la designación de nuevos integrantes, probos y reconocidos, se garantizaría la independencia del Poder Judicial.
Pareciera que dicho objetivo no pudo ser cumplido acabadamente en éstos 10 años, ya que han sido sucesivas las veces que el Gobierno ha intentado influir en forma más o menos directa en la Justicia, su composición y decisiones.
Bajo las premisas de accesibilidad, igualdad, transparencia, modernización y democratización, ha enviado al Congreso una media docena de leyes para su aprobación.
Si bien nadie puede oponerse a los objetivos perseguidos –o por lo menos declamados–, éstos quedan en meras expresiones de deseos, ya que del estudio de los proyectos enviados surge claramente un intento de “control” y “encuadramiento” del sistema judicial.
De los seis proyectos, tres no despiertan grandes controversias, como la creación del Digesto Jurídico, el acceso a la información de causas judiciales –cosa que ya hoy se está haciendo sin ley–, y la forma de ingreso.
Otras tres son las que provocan las mayores divergencias, y preocupación por las posibles consecuencias de su implementación: la creación de Cámaras de Casación; la limitación de medidas cautelares; y fundamentalmente la nueva modificación a la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Si en 2003 la disminución de 9 a 7 miembros de la CSJN obedecía a la necesidad de agilizar su funcionamiento, lo que hoy se pretende con la creación de éstas cámaras no puede entenderse sino como una prolongación de los pleitos, ya que agrega una instancia más al largo recorrido de los expedientes. Diez años atrás se suprimieron dos cargos con la pretensión de agilizar los procedimientos y hoy se crean doce, pretendiendo el mismo fin: irrisorio.
Las medidas cautelares son la garantía de protección de un determinado derecho hasta tanto se resuelva el juicio, por lo que su duración no puede estar nunca limitada temporalmente, sino hasta que se tenga certeza de que el ejercicio de ese derecho será pleno. Esto mientras el juez siga considerando que es verosímil el derecho invocado, y que existe peligro de perderlo si se demora su protección. Y esto, dependiendo del caso, puede durar una semana, dos meses o un año.
Finalmente, la que pareciera la madre de las batallas, resulta ser la modificación a la integración del Consejo de la Magistratura, la encargada de designar y remover jueces y funcionarios.
Sobre éste aspecto es francamente cuestionable y reprochable, el intento de partidización política de esa designación.
Nuestra constitución tiene la clara premisa de integrar solo una parte de la representación del Consejo mediante la elección popular de los partidos políticos. Además, ¿por qué debería adicionarse la elección de los seleccionadores de jueces a las boletas de partidos políticos?, ni siquiera se los elegirá en una boleta separa y específica. ¿Qué garantiza que la pertenencia a determinado partido, constituya a una persona en un adecuado seleccionador de jueces de la Nación?.
La realidad es que estamos frente a una partidización o politización extrema de la Justicia, que bajo la máscara de la transparencia, la agilización y modernización, busca disciplinarla, en una batalla sin cuartel librada contra un grupo empresario… ¿El fin justifica los medios?
* Vicepresidente del Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste.

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