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Críticas del propietario Romero

En su escrito elevado a la Cámara de Apelaciones de Cipolletti, Carlos Romero reparte críticas a la Policía y a la Justicia por la demora con que habrían actuado al principio de la toma de sus tierras y cuestiona frontalmente a los ocupantes por no querer avenirse a pagar lo que corresponde y al contado por sus tierras mientras, por otro lado, muchos de ellos muestran tener condiciones de vida elevadas, incompatibles para gente que acomete un asentamiento ilegal.
“La fiscal de turno Silvana García sólo se percató de la toma 24 horas después de realizar el primer intento de denuncia, aduciendo que no había sido informada por la Policía siendo mi persona la que la ubicó por teléfono y gracias al doctor (Alfredo) Muruaga que me dio el número”, se puntualiza en un párrafo. En otro tramo, vuelve a señalar a García porque “no permitió la ampliación de denuncia” para criticar el accionar de la Policía ante la ocupación.
En relación con los uniformados intervinientes, recuerda haber acusado “al oficial inspector Osman, oficial inspector Mussio y el Subcomisario Paillalef, de las comisarías 24º, 4º y 79º, respectivamente, por no cumplir con su deber de tomar la denuncia e informar al fiscal de turno, y a la vez favorecer a los usurpadores a que se instalaran en mayor número y con el mayor tiempo posible, mientras yo recorría comisarías la toma se fue consolidando”.
Romero recuerda, en términos de relato histórico y sin críticas, la decisión del juez Alejandro Cabral y Vedia de sentenciar que el delito del conflicto era “usurpación con violencia y clandestinidad” y destaca la oferta del ex intendente Alberto Weretilneck para que los ocupantes se marchen a lotes en el Distrito Vecinal del Noreste.
 
Comprar sin dinero
Menciona también la decisión de su familia de negociar con los ocupantes la venta de las tierras y el fracaso de esta posibilidad. “Mi familia me autoriza a venderles pero ellos pretenden comprar sin dinero. Llevamos dos años y medio de la toma y más de 18 meses de negociación sin llegar a una conciliación favorable. He visto las planillas de aportes de cada uno y es increíble pensar que con 10 ó 15 pesos se pueda comprar un terreno. Más increíble es ver las casas que se están construyendo, increíble también es que desde la Justicia no se haya impedido avanzar con las construcciones y con la apertura de calles principales”.
Los ocupantes “me dicen que están buscando dinero pero capacidad de ahorro es nula, ya que a seis meses de comenzar a aportar a una cuenta abierta” en un banco “sólo han recaudado al decir de la señora Lila Calderón 150.000 pesos, demostrando su bajo interés por contribuir a solucionar una situación generada por ellos”.
El dueño se manifiesta dispuesto a hallar una “solución pacífica” y se pronuncia porque el poder político auxilie a las 462 familias del lugar, todo sobre la base de que se respete el derecho de propiedad. Lamenta que el esfuerzo empleado se haya mostrado “totalmente inútil” para encontrar una solución y carga las tintas sobre los ocupantes, por su falta de “voluntad”. En la toma, “he observado gran cantidad de vehículos nuevos que con su valor pagarían varios lotes, construcciones que superan los 100.000 pesos, siete u ocho negocios totalmente instalados, poseen empleos como de comercio, municipales, policías, transporte, taxistas, electricistas, mecánicos, cuentapropistas".

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