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Cierre del encuentro de Concejales de la Concertación en Choele Choel

Constitucionalistas remarcaron la necesidad de una reforma constitucional en Río Negro. En el cierre estuvo presente el Gobernador Miguel Saiz.

Cipolletti.-  Al cerrar la “Reunión de Concejales y Tribunales de Cuentas” desarrollado en Choele Choel, los reconocidos constitucionalistas Antonio María Hernández y Marcelo López Alfonsín remarcaron ayer viernes que “está clara” la necesidad de reformar la Constitución de Río Negro, al tiempo que coincidieron en que el 2010 “es un buen año para concretarla”.
Asimismo, respecto del momento para realizar la reforma, indicaron que “la mejor oportunidad se da cuando se alcanzan los acuerdos necesarios entre las fuerzas políticas y sociales para avanzar en este proceso”.
En tanto, al finalizar el encuentro, el presidente del Foro de Concejales de la Concertación, Lucas Pica, le entregó al Gobernador Miguel Saiz un documento acompañado por más de 150 firmas en el que se le requiere que como máximo representante del poder político rionegrino, impulse institucionalmente la declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución de la Provincia. 
Consideraron en tal sentido que “nos encontramos en el momento histórico de iniciar el proceso de revisión de nuestro texto constitucional que fuera sancionado el 3 de junio de 1988, habiéndose constituido en uno de los más avanzados desde su contenido garantista y jurídico –político”.
El documento entregado al gobernador Saiz agrega que “coincidimos,  luego  de un profundo debate, que existen una gran cantidad de temáticas que requieren la actualización inmediata adecuándola a los cambios políticos sociales y culturales que las sociedades actuales exigen y que se sustentan  en la legitimidad social que nos confiere el ser representantes de los ciudadanos”.
“Acordamos también  que la reforma Constitucional debe ir de la mano de la reforma política que comprende entre otras cosas internas abiertas, simultáneas y obligatorias, devolviéndoles a los partidos políticos su carácter de  principales medios para la participación y la representación política de los rionegrinos. Por ello concluimos y peticionamos  que en vuestro carácter de Representante máximo del Poder Ejecutivo Provincial  impulse en la mayor brevedad las tramitaciones pertinentes que permitan concluir  oportunamente  en la Declaración de la Necesidad de la Reforma de la Constitución y la Reforma Política que merecemos y estamos esperando los rionegrinos”, reza el petitorio.
   

Las disertaciones
La primera disertación estuvo a cargo de Antonio María Hernández, constituyente nacional y de la provincia de Córdoba, quien en principio se mostró a favor que las elecciones para convencionales constituyentes se realicen en una fecha distinta a las electivas, ya que “el debate constituyente no se puede mezclar con el debate ordinario de una campaña electoral”.
Asimismo, Hernández consideró sumamente necesario alcanzar los consensos para la concretar la reforma de la Constitución, citando como ejemplo que en los últimos años han sido reformadas las cartas magnas de 20 provincias argentinas, “lográndose en algunos casos amplios consensos que permitieron generar muy buenas Constituciones”.
“Estamos hablando de proyectar el Río Negro de los próximos 20, 30 o 50 años. La  actualización se hace necesaria porque pasaron ya 21 años de la última reforma, y en todo ese tiempo se han producido grandes cambios económicos, sociales, de integración, así como la generación de un mundo interdependiente y con un regionalismo abierto. Por eso, creo que la necesidad de una reforma está clara”, señaló.
En este marco, el constitucionalista nacional consideró que el 2010 es un muy buen año para realizar la reforma, “y de hecho, estoy planteando lo mismo para Córdoba, mi provincia”.
En cuanto a si es el momento para realizar esta actualización, consideró que para ello “deben existir requisitos mínimo para llevar adelante este proceso, pero no es privativo y necesario que haya un absoluto clima de paz social y situación idílica económica en la provincia para llevarla adelante”. Citó como ejemplo la Constitución Nacional de 1853, “que fue sancionada en medio de una terrible lucha fraticida en el país, pero pese a la gravedad política del momento, era necesario establecer una Constitución”.
Recordó también el caso de la reforma a la Carta Orgánica de la ciudad de Córdoba en 1995, “que se produjo en medio de un clima social terrible, y a pesar de ello, se logró una Carta Orgánica con 160 artículos votados todos con unanimidad por parte de los constituyentes”.
“Los problemas económicos y sociales de los Estados van a estar presentes casi siempre. En este marco, hay que atender los problemas de la coyuntura, pero a la vez hay que pensar en soluciones a los problemas de fondo”, sostuvo.
Remarcó en tal sentido que “la oportunidad de la reforma se da cuando se alcanzan los acuerdos entre las fuerzas políticas y sociales para avanzar en este proceso. Si se espera a contar con el estado idílico de la situación, nunca se logrará la actualización”.
“Para ello hay que profundizar el debate en la sociedad, a través de las instituciones y con la realización de distintos foros, para pensar en el proyecto que tiene Río Negro en el contexto general”, dijo.
Consideró que para hacer una buena Constitución “no hay que copiar otros modelos, sino que se debe centrar el foco en la realidad institucional provincial, sin confundir a la Constitución con una ley ordinaria, porque si no se cae en el peligro de hacer una Carta Magna muy reglamentarista, como la actual Constitución rionegrina”.
“Además, la norma debe ser redactada con claridad, para que la puedan entender todos, hasta el último de los habitantes de la provincia aunque no cuente con formación académica. Debe tener un lenguaje simple y claro”, añadió.
Más adelante, José María Hernández sostuvo que a su entender, hay más de 40 puntos de la actual Constitución rionegrina que deben ser reformulados. Citó entre ellos la cuestión de Iniciativa Popular; defensa del Consumidor; la adecuación de los derechos de la Niñez a los tratados internacionales; la formación de la juventud; derechos indígenas; régimen previsional; régimen Electoral; la ampliación del período de sesiones ordinarias de la Legislatura y el sistema de elección de senadores.
Nombró además la forma de elección del Vicegobernador; la posibilidad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia; el requisito de residencia para los aspirantes a jueces; la conformación y elección del Consejo de la Magistratura; el funcionamiento del Ministerio Público; el actual régimen municipal y los ejidos colindantes; revisar algunos privilegios actuales del sistema republicano como la inmunidad de cárcel para intendentes y concejales; la incorporación de las audiencias públicas, el Hábeas Data; las normativas de los partidos políticos; la incorporación de la figura del Jefe de Gabinete de Ministros; y la conformación de los órganos de Control Externo.
Según Hernández, otro de los puntos a revisar sería la cuestión de la titularidad de las bancas por parte de los partidos políticos; el sistema de inmunidades políticas; la necesidad de plantear figuras diferentes para el Fiscal de Estado y la Asesoría Legal del Ejecutivo; la reelección indefinida de legisladores e intendentes; la necesidad de establecer relaciones integradoras entre los Municipios; el establecimiento del juicio por jurados; la creación de Juicios Contencioso Administrativos; la revalidación de los jueces en sus cargos; la obligatoriedad de la presencia de los ministros en las deliberaciones de la Legislatura; así como la defensa de la Niñez y Adolescencia, entre otros temas.

La opinión de López Alfonsín
A su turno, el constitucionalista Marcelo López Alfonsín sumó otras cuestiones a tener en cuenta para la Reforma Constitucional rionegrina. Citó la instauración del doble sistema de fuente legal; el traspaso de los derechos personales a fundamentales; temas inherentes al cuidado del medio ambiente y el manejo de los recursos naturales; así como la parte orgánica de la Constitución. Sumó además la incorporación de los tratados sobre derechos de la Niñez, así como los derechos de los pueblos originarios y el multiculturalismo.
Más adelante, López Alfonsín consideró que la Constitución rionegrina de 1958 fue sumamente progresista, “y la reforma de 1988 marcó junto a la de Córdoba lo mejor del Derecho Público nacional. Creo que hoy estamos frente a un momento constitucionalista, porque Río Negro está lejos de los momentos de confrontación política”, indicó.
“Hoy esta provincia está quedando rezagada en el contexto nacional constitucionalista, y debe analizar una reforma si quiere seguir a la cabeza del Derecho Público”, indicó.
Asimismo, el constitucionalista remarcó que “trasladar el hecho de la oportunidad o no de la reforma a cuestiones meramente administrativas provinciales es una verdadera mezquindad. La verdadera oportunidad la dan los consenso. Creo que el 2010 debería ser el año para dar este verdadero salto institucional”, señaló, indicando además que “la impronta que puso a la reforma del ’88 en Río Negro a la cabeza del Derecho Público Nacional ha perdido fuerza, y hay que revalorizarla”.
Adelantó además que “hay que comenzar a hablar de los derechos fundamentales, de la regionalidad y los acuerdos internacionales, de una visión regional federal, así como la constitución de microrregiones para tener un Estado moderno, eficiente y eficaz”.
En tanto, entre los puntos a reformar en la Constitución provincial rionegrina citó la cuestión ambiental con la asignación de recursos mínimos en la materia, así como avanzar en un capítulo ambiental más rico en la Carta Magna; la necesidad de un reconocimiento originario de los recursos naturales para las provincias; la extensión del período de sesiones de la Legislatura; la instauración de un nuevo régimen electoral con más participación de las minorías”.
López Alfonsín planteó también la necesidad de avanzar en la fuerza del Ministerio Público como órgano extra poder; la tutela jurisdiccional del ambiente; la revisión total del régimen municipal; y la incorporación de los derechos colectivos de los consumidores usuarios, entre otros puntos.

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