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Buscan cambio estructural en la cárcel

El Gobierno dispuso medidas para reducir los riesgos de motines y fortalecer a la conducción. Promueven revisión de la situación de los internos para adecuar la población al nivel de seguridad.

"El que trabaja acá debe saber que se tiene que poner las pilas y cumplir con sus obligaciones en forma estricta", dijo Di Giácomo.
 
En lo que va del año, en la cárcel de Cipolletti se registraron fugas masivas, motines, enfrentamientos entre reclusos, dos cambios de directores y se llegó a la intervención de su funcionamiento. El último incidente incluyó un fuerte reclamo de los celadores por mayores elementos de seguridad, lo que derivó en una intensa agenda de reuniones y negociaciones desde el viernes hasta ayer. Las autoridades provinciales intentaron relativizar la situación aunque confirmaron una batería de medidas para garantizar  la seguridad dentro de las instalaciones del Penal 5.
Entre las medidas se destacan la instalación del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados en el edificio y la creación de un cuerpo de elite para intervenir en situaciones de crisis. Además, el titular de la cartera de Gobierno, Luis Di Giácomo, realizó ayer un contundente pedido a los empleados de la unidad de detención: "El que trabaja acá debe saber que se tiene que poner las pilas y cumplir con sus obligaciones en forma estricta, porque tenemos la obligación de atender situaciones que no se nos pueden volver a pasar por alto", aseguró.
Di Giácomo llegó a Cipolletti tras los incidentes entre presos del jueves, que derivaron en una protesta de los empleados de la cárcel local para recibir mejor equipamiento. Ayer realizó una nueva recorrida por el Penal 5 e hizo entrega de 61 uniformes completos. "Los recibimos hoy (por ayer), pero los trámites se iniciaron hace cuatro meses, es una casualidad", dijo antes de retirarse del establecimiento.
El funcionario y la interventora de la cárcel, Fabiana Sandoval, insistieron en negar la existencia de un acuartelamiento del personal. "Tenían reclamos previos que no habían sido escuchados y tuvimos reuniones, básicamente, para conocer sus pedidos", dijo la responsable de la unidad sobre el conflicto con los guardias. “Tenemos mucho miedo. No sabemos qué hacer”, había sido el planteo de los empleados, lo que supone un problema mayor al reconocido.
 
Medidas de seguridad
Más allá de las declaraciones de las autoridades, se dispusieron una serie de normativas que apuntan a elevar el nivel de seguridad dentro de los pabellones y en el traslado de presos hacia tribunales. A mediano plazo también se contempla un análisis de los internos que cumplen condena en el establecimiento, que es considerado de mediana seguridad.
"Ése es un trabajo que se va a hacer, pero debe quedar claro que ni el director del penal ni los jueces determinan los lugares de detención. Los traslados son determinados por un grupo de especialistas que analizan caso por caso", dijo el principal Emilio Martínez, titular de establecimiento del Servicio Penitenciario Provincial de Roca. El IAPL también tendrá como función mejorar esa situación.
Martínez participó de la recorrida del titular de Gobierno ya que estará a cargo del entrenamiento de un grupo especial que se encargará de intervenir en conflictos entre internos o intentos de motín. "En principio van a ser diez agentes, que van a recibir instrucción durante unos 20 días. Para que estén aptos se necesita un poco más de tiempo, pero para una cárcel de mediana seguridad es plazo suficiente. Luego, vamos a intentar incrementar la cantidad de guardias que reciban instrucción", explicó.
Por otro lado, se iniciaron gestiones para instalar un sistema de teleconferencias y evitar el gran número de movimientos de reclusos desde sus celdas a las saldas de Tribunales. "Hay audiencias muy simples, que podrían resolverse sin tener que realizar los traslados", se afirmó ayer.
En el Penal 5 hay 107 internos, una cantidad que se considera "manejable", por lo que se busca terminar con las situaciones críticas.

Extenderían la declaración de emergencia

El Ejecutivo solicitó a la Legislatura que se prorrogue el estado de extrema gravedad del Servicio Penitenciario.
 
El Poder Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura el decreto para prorrogar hasta el 30 de mayo de 2014 la vigencia de la ley que establece el estado de emergencia del Servicio Penitenciario Provincial.
La Ley 4.789 declaró la situación de extrema gravedad del sistema en lo que respecta a tareas preventivas, asistenciales, edilicias y de servicios de los establecimientos penitenciarios y demás dependencias e instalaciones destinadas al alojamiento, custodia y guarda de personas encausadas, procesadas o condenadas por la comisión de delitos o en cumplimiento de penas.
En el decreto de naturaleza legislativa enviado por el Ejecutivo, con acuerdo general de ministros, el gobernador Alberto Weretilneck consideró “extremadamente necesario prorrogar el estado de emergencia por el término de un año, con el fin de normalizar la situación del sistema carcelario rionegrino y cumplir con las garantías constitucionales de las personas privadas de su libertad”.
La medida se adopta “aún cuando se han desarrollado múltiples acciones, en aras de resolver la situación de emergencia, dada la complejidad de la problemática en cuestión y la diversidad de inconvenientes que se presentan diariamente, y que tornan sumamente dificultoso cumplir con los objetivos propuestos”, según se consignó entre los fundamentos de la propuesta que deberá ser ratificada por los miembros del Parlamento.

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