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Aprobaron el aborto no punible

La Legislatura avaló, en primera vuelta, que se pueda interrumpir el embarazo en caso de peligro para la salud integral de la mujer, cuando provenga de una violación o de un atentado al pudor de una demente.

“No podemos ser hipócritas. Una de las principales causas de muerte de mujeres es por realizarse abortos inseguros", sostuvo Marta Milesi, impulsora del proyecto.
 
En Río Negro se podrá solicitar la interrupción del embarazo en caso de peligro para la salud integral de la mujer, cuando provenga de una violación o de un atentado al pudor de una idiota o demente.
El proyecto fue aprobado ayer en la Legislatura, en primera vuelta y por mayoría, con la finalidad de garantizar el completo bienestar físico, psíquico y social de las mujeres.
La propuesta estipula la regulación del procedimiento a llevar a cabo por el personal de los establecimientos asistenciales públicos, privados y de obras sociales del Sistema de Salud, respecto a la atención de abortos no punibles.
Para todos los casos de interrupción voluntaria contemplados en esta norma, se procederá a la práctica médica en un plazo no mayor de 10 días, contados a partir de que es solicitada.
Si se tratare de una situación de alto riesgo para la vida de la mujer, se deberá proceder con la urgencia que el caso requiera de acuerdo con la opinión del profesional tratante.
Según la iniciativa, para todos los casos se establece como plazo máximo las doce semanas de gestación.
El peligro para la vida o para la salud física o psíquica de una mujer embarazada, causado o agravado por el embarazo, debe ser fehacientemente diagnosticado por el equipo interdisciplinario de profesionales de la salud que corresponda.
Inmediatamente después de haber sido comprobado, el profesional de la salud tratante está obligado a informar a la mujer embarazada, explicándole de manera clara y acorde a su capacidad de comprensión, el diagnóstico y pronóstico del cuadro que la afecta y la posibilidad de interrumpir el embarazo. Debe dejarse constancia en la historia clínica de haber proporcionado la información, así como también de la confirmación de la gestante de haber comprendido la información recibida.
Los establecimientos asistenciales públicos, privados y de obras sociales deben ofrecer asistencia psicológica a la mujer embarazada desde el momento en que solicita la práctica del aborto no punible y hasta su recuperación, gozando de prioridad en la asignación de turnos.
Toda persona, ya sea médico o personal auxiliar del Sistema de Salud, que manifieste objeción de conciencia fundada en razones éticas con respecto a la práctica médica, podrá optar por no participar en la misma, ante lo cual el establecimiento de salud deberá suministrar de inmediato la atención de otro profesional que esté dispuesto a llevar a cabo el procedimiento.
 
Igualdad de oportunidades
En una encendida argumentación, la legisladora Marta Milesi, una de las principales impulsoras de la iniciativa, defendió las razones de la ley votada en primera instancia.
“No estamos legislando para el aborto, estamos legislando sobre la igualdad de oportunidades, para que todas las mujeres tengan la misma posibilidad”, afirmó la parlamentaria cipoleña, quien agregó: “No podemos ser hipócritas. Una de las principales causas de muerte de mujeres es por realizarse abortos inseguros”.
Explicó que hoy está pasando que hay una muerte materna cada tres días, que más del 43 por ciento de esos fallecimientos son por abortos inseguros, que las internaciones en los hospitales públicos por interrupción del embarazo crecieron un 46 por ciento en los últimos años, lo que equivale a 1.300 abortos diarios.
En una parte de su fundamentación, criticó a la Iglesia Católica argentina (episcopal), a la “corporación de los médicos” y a la “industria de los juicios de mala praxis de los abogados” por haber impedido el debate sobre estos temas (aborto) cuidando distintos intereses.
Beatriz Contreras también fundamentó el proyecto. Los legisladores Luis Bartorelli, Bautista Mendioroz y Pedro Pesatti coincidieron en destacar el trabajo de Milesi para que la ley se haga realidad.

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